La Fiscalía de Pontevedra ha abierto una investigación penal sobre la papelera Ence tras las declaraciones del presidente y consejero delegado de la empresa, Ignacio de Colmenares, quien afirmó que “en Pontevedra, con esa caldera de recuperación y esa caustificación inestable, podemos tener un susto mayúsculo medioambiental en cualquier momento, que puede afectar además a las personas”. Ante estas manifestaciones del máximo responsable de la compañía, el órgano fiscal ha remitido oficios al Seprona de la Guardia Civil y a la Xunta para reclamarles informes sobre el estado de la factoría de Lourizán, al pie de la ría.

Las controvertidas declaraciones de dieron lugar a la investigación se recogen en un vídeo que trascendió el pasado fin de semana y sobre el que la empresa insiste en que fue “grabado ilegalmente” y que no debe “ser descontextualizado”. “Las palabras recogidas y difundidas” en ese vídeo, “sacadas de su contexto, no reflejan el sentido ni el significado de las citadas declaraciones, que sí quedaron adecuadamente explicadas en el conjunto de la intervención”, dijo la empresa. 

Sin embargo, esas declaraciones han provocado una cascada de reacciones en Pontevedra, la mayoría para exigir explicaciones a la fábrica sobre la seguridad de sus instalaciones. El propio alcalde de la ciudad, Miguel Anxo Fernández Lores, exigió a la Xunta y al Gobierno central que abran una investigación de oficio: “Necesitamos tener la certeza de que los 84.000 pontevedreses viven en un entorno seguro; con la tranquilidad y con el sueño de nuestros vecinos no juega ni Ence ni nadie”. 

A esta reclamación se unieron el PSOE local y la asociación APDR, que además interpuso una demanda contra el propio Colmenares.

No es la primera vez que la pastera se somete a requerimiento judicial. En diciembre de 1993 el Juzgado de Instrucción número 6 de Pontevedra abrió diligencias por presunto delito ecológico contra Ence. El proceso judicial se dilató casi diez años, tras los que la Audiencia Provincial condenó a los principales directivos de Ence por las emisiones contaminantes de la factoría a la atmósfera y a la ría. Las fuertes críticas llevaron a Ence a realizar importantes inversiones en mejoras tecnológicas y medioambientales.

En noviembre de 2002 la Audiencia Provincial condenó a seis exdirectivos de Celulosas por contaminar la ría y la atmósfera, al llegar a un acuerdo de conformidad para evitar meses de juicio. El fallo obligó a los acusados, y solidariamente a la empresa pastera, al pago de una indemnización de 432.728,72 euros a las consellerías de Política Territorial y de Pesca, para reparar los daños causados a la ría desde la instalación de la fábrica pastera en 1958.

Tras conocer la actuación de la Fiscalía, Ence reiteró a través de un comunicado que “el complejo de Pontevedra es totalmente seguro”. Así lo avala, apunta, la certificación de AENOR “que acredita el cumplimiento de la norma internacional ISO 45.001 por parte de la planta, por su robusto sistema de gestión de la seguridad. De hecho, los índices de seguridad de Ence Pontevedra son, año a año, diez veces mejores que los de la industria en España”.