El director general de Alu Ibérica —firma que engloba las fábricas de aluminio de A Coruña y Avilés— y presidente de Grupo Industrial Riesgo —dueño de las plantas desde abril—, Víctor Rubén Domenech, tuvo que dar explicaciones ayer en la Audiencia Nacional sobre la maraña empresarial que ha llegado a gestionar las dos factorías que Alcoa vendió a Parter Capital (en 2019) y que el fondo de inversión suizo revendió a Riesgo (en 2020) y sobre si este entramado está las está saqueando (la Policía Nacional tiene indicios de despatrimonialización fraudulenta). Tras prestar declaración, la jueza retiró el pasaporte tanto a Domenech como a otros tres directivos de la cúpula de Riesgo, igualmente detenidos en el macrooperativo policial del jueves. Los cuatro quedaron en libertad pero con prohibición de salir del país y obligación de comparecer en el juzgado cada mes.

Se trata de Alexandra Camacho Carrascal, directora ejecutiva de Alu Ibérica; Luis Losada Gómez, administrador único de System Capital Management (compañía a través de la cual Riesgo entró en el accionariado de Alu Ibérica); y Diego Peris Sirvent, que figura como administrador de varias firmas, como Riesgo Farma o Manuel Riesgo SA. Los cuatro están siendo investigados por presuntos delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, contra los derechos de los trabajadores y asociación criminal, por los que podrían enfrentarse a penas de cinco años de cárcel.

El denominado ya como caso Alcoa (la multinacional americana también está bajo sospecha) está bajo secreto de sumario, por lo que no ha trascendido el contenido de las declaraciones. Tras el macrooperativo policial del jueves (con cien agentes, once propiedades registradas y tres detenidos al que luego se sumó un cuarto), la jueza María Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, recibió ayer la solicitud de medidas cautelares por parte de la acusación. Los sindicatos, entre ellos la Confederación de Cuadros Profesionales (CCP) y CCOO (mayoritario en el comité de Alu Ibérica A Coruña), pidieron formalmente que las empresas investigadas sean administradas judicialmente, que se suspendan de forma cautelar los contratos de compraventa de las plantas y que se embargue de forma preventiva los bienes tanto de las compañías como de las personas querelladas a fin de “garantizar el abono de salarios”. También, que la jueza prohiba disponer de sus activos a Alu Ibérica (en cuatro filiales), Alcoa Inespal SL y varias empresas del entramado de Riesgo (Blue Motion Technologies Holding, PM MR 1996, System Capital Manager), según el documento al que ha tenido acceso este periódico.

CCP fue la organización sindical que interpuso en octubre la querella criminal por la supuesta venta irregular de las fábricas a la que luego se sumaron otras centrales. En diciembre, la jueza Tardón la admitió a trámite y ordenó realizar una investigación integral a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, que coordina las diligencias.

El propio Domenech, detenido esta semana, intentó desvincularse de la causa mediante un recurso que la jueza rechazó en febrero por considerar que en un “momento procesalmente tan temprano” no era posible determinar si había existido o no hecho delictivo y que precisamente ese era el objetivo de la investigación en curso.

En 2019, Alcoa vendió las dos fábricas al fondo de inversión suizo Parter Capital, después de un largo proceso que arrancó en octubre de 2018 cuando la multinacional anunció su intención de cerrarlas. La compañía justificó entonces su decisión en los altos costes de la electricidad en España, la necesidad de hacer grandes inversiones y la difícil coyuntura en los mercados de aluminio.

Sin embargo, Parter no tardó en desprenderse de las dos plantas de Alcoa, que fueron adquiridas por el Grupo Industrial Riesgo ya bajo la denominación de Alu Ibérica, sin informar previamente al Ministerio de Industria ni a los gobiernos autonómicos y la representación de la plantilla, que acusan al nuevo propietario de carecer de un proyecto industrial solvente. La querella concluye que “los querellados han llevado a que la titularidad de las dos factorías termine en manos de empresas pantalla sin capacidad ni para llevar a cabo el plan de negocios, ni el del pago de los salarios, ni el de la inversión, con lo que se frustra el objetivo final de la negociación, la salvaguardia de los puestos de trabajo”.

Asturias reclama la intervención que rechazó la cámara gallega

“En el momento que sea necesario intervenir en Alcoa, también lo vamos a hacer”, afirmó ayer el consejero de Industria del Principado de Asturias, Enrique Fernández, al ser preguntado por el futuro de la fábrica de aluminio de Avilés, con la operación de rescate de Duro Felguera (al que el Gobierno salva con 120 millones) sobre la mesa. El Ejecutivo asturiano se posiciona con claridad a favor de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) intervenga Alu Ibérica, como lo hará de forma temporal con la última fábrica que posee Alcoa en España (la gallega de San Cibrao). La Xunta exige al Gobierno una alternativa a la situación actual, pero no apela claramente a la SEPI. El mes pasado, el PP (votó en contra) y el PSdeG (se abstuvo) bloquearon una iniciativa parlamentaria del BNG para solicitara al Gobierno la intervención de la planta. Marea Atlántica le reclamó ayer a la alcaldesa, Inés Rey, que “tome partido en el empleo industrial”.