Los nombres sirven para identificar y entender la realidad, pero también para enmascararla cuando se superponen como velos hasta opacar su núcleo. Alcoa, Aluiberia, Alu Iberia, Alu Ibérica, Parter, Riesgo... todas estas designaciones ha tenido en los dos últimos años la fábrica de aluminio de A Coruña, escenario de una guerra que ha pasado de sindical a judicial y policiaca. En el ya bautizado como caso Alcoa, la Audiencia Nacional investiga si detrás de ese cambalache —de nombres y de sobre todo de sociedades mercantiles— hay delito. Básicamente, si ha habido una trama encaminada a exterminar las fábricas a partir de su venta en 2019 (de Alcoa a Parter Capital Partners) y su reventa en 2020 (de Parter a Grupo Industrial Riesgo) y si el actual dueño de Alu Ibérica (Grupo Riesgo, controlado por Víctor Rubén Domenech) está saqueando esta industria con instalaciones fabriles en A Coruña y Avilés (posible despatrimonialización fraudulenta).

Estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, delito contra la seguridad de los trabajadores y asociación criminal son los posibles cargos por los que está siendo investigada la cúpula de Alu Ibérica (Grupo Riesgo). La causa está bajo secreto de sumario pero trascendió que el jueves fueron detenidos, en un macrooperativo policial, el presidente de Riesgo, Víctor Rubén Domenech, y otros cuatro mandos, a los que la jueza retiró el pasaporte. La Policía tiene indicios de que Riesgo podría estar descapitalizando las plantas.

La querella admitida a trámite en diciembre se dirige contra diez personas físicas y nueve jurídicas, entre las que se encuentran las sociedades Alcoa Inespal (que gestionó la fábrica coruñesa de 1998 a 2019), Parter Capital Group (el fondo de inversión suizo al que Alcoa vendió las plantas), Alu Ibérica SL (sociedad creada que creó Parter y luego vendió a Riesgo) y Grupo Industrial Riesgo (propietario desde abril de 2020).

El auto en el que la Audiencia Nacional admite la querella menciona la posibilidad de que los querellados hayan acometido acciones encaminadas a que las dos factorías terminen “en manos de empresas pantalla sin capacidad para llevar a cabo del plan de negocios” ni de pagar sueldos e inversiones. Los problemas de solvencia se hicieron palpables en los últimos meses con el impago a proveedores, llegando a paralizar obras en la fábrica por suspensión de contratos.

Al frente de este entramado empresarial bajo sospecha está Domenech, presidente de Riesgo y director general de Alu ibérica. Su nombre real es Víctor Rubén, pero también se hace llamar y firma como David. El directivo, de origen argentino, tiene ya experiencia en investigaciones por delitos económicos. Además, fue pillado en Badajoz con un DNI portugués falso y denunciado por estafa por clientes de una agencia de transportes.

En cuanto a Grupo Industrial Riesgo, carece de personalidad jurídica. Legalmente, se ampara en una sociedad llamada PM MR 1866, con sede en Benalmádena (también registrada en el operativo policial del jueves). La marca Riesgo es un apellido, el de Ramón Riesgo, desvinculado ya de la empresa y molesto por la “utilización maliciosa” de su nombre. La jueza María Tardón, que instruye el caso Alcoa en la Audiencia Nacional, tendrá que tirar del hilo para esclarecer qué pasó realmente con la venta de Alcoa.

Josep Piqué

Josep Piqué

Josep Piqué | Ministro de industria del gobierno de Aznar: Piqué alfombra la entrada de Alcoa con la privatización de Inespal

Entender el conflicto de Alcoa requiere remontarse a 1998, arranque de la oleada de privatizaciones del Gobierno de Aznar. El entonces ministro de Industria, Josep Piqué, pone la alfombra roja para la entrada de Alcoa en España. La multinacional estadounidense se queda con el negocio del aluminio que hasta entonces era público: nueve fábricas de la Industria Española del Aluminio (Inespal) y su sede central de Madrid. Alcoa no solo consigue un buen precio de compra (63.450 millones de las pesetas de entonces, unos 380 millones de euros que tardó pocos años en amortizar) sino que además amarra la electricidad barata durante 15 años (a 3,8 pesetas durante los 10 primeros años y 4,24 para otros cinco). La energía representa el 40% de los costes de la fabricación de aluminio (actividad hiperelectrointensiva), por lo que conseguir luz barata (subvencionada) es vital. Hasta 2013, la empresa levanta beneficios con facilidad, con los costes controlados y sin necesidad de hacer grandes inversiones. De 1998 a 2014, A Coruña y Avilés generaron un beneficio de 1.490 millones. Alcoa se fue deshaciendo de las plantas menos rentables. Para evitar los cierres (en 2014 amenaza con cerrar A Coruña y Avilés por el coste eléctrico) el Gobierno crea las subastas de interrumpibilidad, en las que Alcoa obtuvo una rebaja eléctrica de más de mil millones en diez años (pagados por todos los consumidores en la factura). Funcionaron hasta 2020.  

Diez protagonistas para entender el ‘caso Alcoa’

Diez protagonistas para entender el ‘caso Alcoa’

María Tardón |  Titular del Juzgado de Instrucción 3 de la audiencia nacional: La jueza Tardón ordena investigar la presunta estafa del ‘caso Alcoa’

María Tardón es la jueza instructora del caso Alcoa. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional admitió a trámite en diciembre una querella por posible estafa en la venta de las plantas de aluminio en A Coruña y Avilés. La denuncia fue presentada por la Confederación de Cuadros Profesionales (CCP) y a ella se sumaron después los principales sindicatos. La jueza ordena una “investigación integral” y oficia a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional para que actúe en busca de pruebas. El cerco se estrecha sobre diez personas físicas (“Víctor Rubén Domenech y otros”, dice el auto) y nueve entidades jurídicas (Alcoa, Parter, Riesgo y firmas vinculadas) bajo sospecha de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, delito contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal. El juicio estaba previsto inicialmente para marzo pero fue aplazado al 20 de mayo. Mientras tanto, continúa el proceso de instrucción para aclarar, entre otras cosas, “la titularidad real” de las plantas —enredada en una maraña de sociedades mercantiles— y si estas han terminado “en manos de empresas pantalla sin capacidad ni para llevar a cabo el plan de negocios, ni el pago de los salarios, ni el de la inversión”.

Diez protagonistas para entender el ‘caso Alcoa’

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Rubén Bartolomé | Presidente de Alcoa España de 2015 a 2019: Bartolomé decide cerrar A Coruña y Avilés, y al final negocia la venta

Rubén Bartolomé, entonces presidente de Alcoa España, anunció el cierre de las plantas de A Coruña y Avilés en octubre de 2018. La decisión venía de Pittsburgh (sede de la multinacional) y la compañía la justificó por el elevado precio de la energía y de la materia prima (la alúmina se encareció aquel año por un problema puntual) así como por estado obsoleto de las instalaciones, en las que apenas había invertido. La reacción sindical fue inmediata, con grandes movilizaciones en las dos ciudades, que finalmente lograron evitar los casi 700 despidos previstos (unos 400 en A Coruña). La presión política obligó a Bartolomé a sentarse a negociar la venta de las plantas con la supervisión del Gobierno. Aunque su deseo era cerrar las factorías, Alcoa accedió a dejarlas en manos de otra compañía. Eso sí, exigió el control total a la hora de decidir quién sería el dueño. El Ministerio de Industria facilitó un listado de candidatos. La multinacional se decantó por un fondo de inversiones, Parter Capital Partners. El proceso duró meses y estuvo cuajado de dificultades, incluido un problema de avales que amenazó con frustrar la operación a última hora. Finalmente, la venta se firmó el 31 de julio de 2019, con una garantía de empleo de dos años durante los que Alcoa sigue cubriendo costes. A los nueve días, Bartolomé fue relevado por Álvaro Dorado poniendo fin a 30 años en la compañía (cuatro como presidente). La plantilla sigue coreando su nombre en las protestas.

Diez protagonistas para entender el ‘caso Alcoa’

Diez protagonistas para entender el ‘caso Alcoa’

Alejandro Luzón | Jefe de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad: El fiscal Luzón coordina diligencias, con un macrooperativo policial

La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad, que dirige Alejandro Luzón, coordina las diligencias de la investigación del caso Alcoa. Su acción más reseñable se produjo el jueves con un macrooperativo policial que terminó con al menos cuatro detenidos —la causa está bajo secreto de sumario—. Un centenar de agentes de la Policía Nacional tomaron simultáneamente las fábricas de Alu Ibérica de A Coruña y Avilés sobre las nueve de la mañana para registrarlas en busca de pruebas, lo mismo que otros nueve inmuebles en Madrid, Málaga y Castellón. La mayor parte, fueron oficinas y despachos de abogados vinculados a Grupo Riesgo, como el domicilio de la empresa PM MR 1850 (en Benalmádena), que es la matriz del entramado empresarial que controla las dos factorías. Los agentes registraron también la sede de Alcoa en Madrid. La intervención está guiada por las pesquisas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y contó con la participación de integrantes de la Inspección de Trabajo, que visitan la fábrica coruñesa con frecuencia por las denuncias constantes del comité de empresa. La Dirección General de la Policía explicó que el macrooperativo responde a la investigación de la “presunta despatrimonialización fraudulenta de las plantas de producción de aluminio de Alcoa”.  

Diez protagonistas para entender el ‘caso Alcoa’

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Reyes Maroto | Ministra de industria: Maroto avala la venta de Alcoa e impulsa un estatuto electrointensivo

El 31 de julio de 2019 la ministra de Industria, Reyes Maroto, comparecía ante los periodistas sosteniendo una camiseta naranja con el lema Non ao peche junto al representante de la plantilla aluminera coruñesa, Juan Carlos López Corbacho. Lo hacía, sonriente, para anunciar que la operación estaba cerrada. “Es un éxito de todos”, afirmaba, sobre una venta que en ese momento salvaba 631 empleos y desactivaba el problema político después de ocho meses de conflicto. El contrato de compraventa de las fábricas de A Coruña y Avilés de Alcoa a Parter Capital contó con el aval del Gobierno —no así de la representación sindical—, que por otra parte se había comprometido a solucionar el problema del coste eléctrico para dar estabilidad y competitividad a las empresas electrointensivas. Maroto anunció el estatuto electrointensivo en 2018 como salvavidas para las plantas que Alcoa quería cerrar en A Coruña y Avilés. La idea inicial era desarrollar esa regulación durante el proceso de venta para atraer compradores que vieran garantías futuras en la producción de aluminio. Pero ese estatuto no sería aprobado hasta 2020, después de encadenar múltiples retrasos y cambiar su espíritu: en lugar de concentrar las ayudas en las fábricas que más consumen (como Alcoa) amplía el abanico de beneficiarios (sobre todo a industrias catalanas) y diluye las ayudas. A Coruña no ha vuelto a fabricar aluminio desde que Alcoa paró las electrólisis hace dos años.

Diez protagonistas para entender el ‘caso Alcoa’

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Juan Carlos López Corbacho | Presidente del comité de empresa de la fábrica de aluminio de a Coruña: Corbacho lidera la lucha obrera coruñesa y planta cara a Grupo Riesgo 

Juan Carlos López Corbacho es el rostro visible de la lucha sindical de la fábrica de aluminio de A Coruña. Mantiene su cargo de presidente del comité de empresa a pesar de que Alu Ibérica le entregó en febrero la carta de despido. A él y a otros cuatro representantes sindicales por vía disciplinaria, todos en vías de impugnación. La movilización de los más de 300 trabajadores coruñeses fue la que evitó que Alcoa cerrara las fábricas, como había anunciado, en 2018. La venta a Parter en 2019 fue un balón de oxígeno para la plantilla. Aún así los sindicatos se negaron a avalar la operación, lo que estuvo a punto de frustrarla pero finalmente se cerró sin su firma. Con Parter los trabajadores dieron una tregua pero el traspaso de las fábricas al Grupo Riesgo en abril de 2020 disparó todas las alarmas. Desde entonces el conflicto laboral ha ido in crescendo. El primer despido disciplinario (los ordinarios están prohibidos hasta agosto) en diciembre fue la gota que colmó el vaso. En Navidades empezó la huelga indefinida que todavía dura. La mediación laboral fracasó y el ambiente se tensó más con el despido de Corbacho, que califica de “okupa” y “carroñero” a Riesgo y responsabilizar a Alcoa de la situación. Esa semana, una sentencia condenó a la empresa a indemnizar al comité por vulnerar su derecho de huelga. Corbacho pide acción política industrial. En julio finaliza el blindaje laboral.

Diez protagonistas para entender el ‘caso Alcoa’

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Rüdiger Terhorst | Socio director de Parter Capital partners: Parter renombra las plantas como Alu Ibérica y las revende a Riesgo

Rüdiger Terhorst es la cara visible de Parter Capital Partners. El socio director del fondo de inversiones suizo fue el que firmó la compra con Alcoa. Creó una sociedad que primero llamó Aluiberia (a veces escrito Alu Iberia) y finalmente Alu Ibérica para englobar las dos fábricas. A continuación hizo gira institucional por A Coruña y Avilés. Además de las reuniones con las plantillas, visitó al presidente de la Xunta y al delegado del Gobierno, entre otros cargos, para trasladarles su proyecto; un plan industrial que los sindicatos tachan de engaño —cuestión que investiga la Justicia—. De entrada, Parter marcó en 40 euros megavatio/hora el umbral de rentabilidad de la producción de aluminio primario. Mientras la luz se mantuviese por encima de ese precio, las fábricas no volvería a producir el metal. Así ha sido desde entonces. Mientras tanto, Terhorst vendía la idea de crear el “polo industrial de aluminio secundario verde más importante del sur de Europa” en Galicia y Asturias, con el reciclaje de aluminio a partir de chatarras. A la vez que presentaba a las administraciones locales y las plantillas este plan industrial, el socio de Parter se sentaba ya aquel verano con Víctor Rubén Domenech para negociar la venta de acciones de Alu Ibérica con la que el Grupo Riesgo acabaría controlando las fábricas alumineras, desde el pasado abril. 

Diez protagonistas para entender el ‘caso Alcoa’

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José Gil Fernández Pulpeiro | Exdirector de Alcoa a Coruña y dueño de Pulpeiro Consulting: Pulpeiro, en la diana de la plantilla, pasa de director a asesor externo 

La plantilla aluminera coruñesa muestra especial inquina hacia José Gil Fernández Pulpeiro. El nombre y la cara del que fue director de la planta de Alcoa de septiembre de 2010 a enero de 2020 está en pancartas, pegatinas y cánticos en cada protesta. Pulpeiro dirigió la fábrica durante todo el proceso de venta de Alcoa a Parter y siguió después, para marcharse tres meses antes de que la reventa a Riesgo se hiciera oficial. Se fue en enero del año pasado para montar su propia empresa, Pulpeiro Consulting, con la que se dedica a prestar servicios de asesoría. Sus oficinas, con sede en Rubine, han sido varias veces blanco de las movilizaciones sindicales, con concentraciones en las que los trabajadores lo acusan de llevar a cabo una “colaboración y asesoramiento a la directiva actual de la empresa para el vaciado y desmantelamiento de la fábrica”. Ni Alu Ibérica (Grupo Riesgo) ni Pulpeiro han negado su relación de asesoría. Hasta el pasado enero. Entonces la compañía aluminera comunicó que Pulpeiro Consulting se había “visto obligada a finalizar su colaboración” debido a “las presiones sufridas los últimos meses en relación con el conflicto laboral en la planta de A Coruña”. Ya sin vínculo oficial, el comité sigue cargando contra el exdirector convencido de que continúa orientando la gestión de las fábricas.

Diez protagonistas para entender el ‘caso Alcoa’

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Víctor Rubén Domenech (alias David Domenech) | Presidente de grupo industrial riesgo: Domenech azuza el conflicto en la fábrica y acaba detenido

Víctor Rubén Domenech es el director general de Alu Ibérica y presidente de Riesgo, el grupo que se hizo con la compañía (controla el 74,9% del capital) el pasado abril. El jueves fue detenido y el viernes prestó declaración en la Audiencia Nacional por la posible estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, vulneración de derechos de los trabajadores y asociación criminal en su gestión en las fábricas de aluminio. Quedó en libertad pero se le ha retirado el pasaporte, no puede salir de España y debe comparecer mensualmente en el juzgado. En la misma situación están Alexandra Camacho, directora ejecutiva de Alu Ibérica; Luis Losada, administrador único de System Capital Management (compañía a través de la cual Riesgo entró en el accionariado de Alu Ibérica); y Diego Peris, que figura como administrador de varias firmas del grupo. Los cuatro están investigados por la posible “despatrimonialización fraudulenta” de las plantas. El voltaje del conflicto laboral en A Coruña se disparó desde la llegada de Domenech, quien ya ha sido investigado antes por delitos económicos. También fue pillado en Badajoz con un DNI portugués falso y denunciado por estafa por clientes de una agencia de transportes. Precisamente la precaria fotografía de ese documento es su única imagen pública accesible. Poco amigo de apariciones, no se ha presentado nunca ante los medios desde que es dueño de las fábricas. Ni lo comunicó a Gobierno y Xunta.

Diez protagonistas para entender el ‘caso Alcoa’

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Francisco Conde | Vicepresidente económico de la Xunta: Conde propicia la mediación en la ‘guerra’ laboral y apela al Gobierno

El vicepresidente segundo de la Xunta y conselleiro de Economía, Francisco Conde, ha participado en todo el proceso de venta de Alcoa desde la Mesa Industrial convocada por el Gobierno central, igual que los representantes del Principado de Asturias. Los trabajadores han acusado a la Xunta de ponerse de perfil en su conflicto, por haber adoptado una posición más de espectador que de solucionador del problema. El mismo día en que Alcoa dejó las fábricas en manos del fondo suizo Parter, Conde fue muy crítico y lamentó el “cierre en falso” del conflicto con una venta que consideraba “solo una solución parcial, con una fecha de caducidad de dos años” (el tiempo de garantía de empleo). “Somos conscientes de que esto no es el punto y final”, auguraba con razón. Desde entonces, el conselleiro se ha reunido en multitud de ocasiones con el comité coruñés, casi siempre para apelar, a continuación a la responsabilidad del Gobierno. La reunión más reciente fue el lunes, cuando valoró la posible actuación de la autoridad laboral y la Inspección de Trabajo ante la próxima caducidad del compromiso de blindaje empleo. En enero Conde ya propició la mediación laboral de la Xunta, que finalizó sin resultados. Mientras Asturias reclama abiertamente la intervención de las fábricas, Galicia es más ambigua sobre la solución. Conde reclama una “auditoría técnica y financiera” .