Una semana después de que agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) revisaran la planta de Alu Ibérica en A Coruña en busca de pruebas sobre la posible venta irregular de Alcoa a Parter en 2019 y de Parter a Riesgo en 2020, el comité de empresa de la fábrica denunció la paralización de la producción “por falta de aluminio para reciclar”. Los representantes de los trabajadores explicaron que la producción ha estado parada “desde que la UDEF” entró en la fábrica el pasado jueves. Ayer, por la tarde, afirmaron, “se puso en temperatura algún horno para fundir aluminio”, pero en la madrugada del miércoles “de nuevo se paró la producción”.
La dirección de la compañía salió ayer al paso de estas acusaciones y afirmó que la planta “opera con normalidad” y desmintió que se hayan dado instrucciones de detener la producción. Según Alu Ibérica, la fábrica mantuvo el miércoles “un volumen de producción cercano a la media de la factoría tras haber solucionado una incidencia logística registrada en las jornadas previas”. “En los siguientes días se recuperará la operatividad normal, mientras que la entrada de metal para reciclar sigue su curso habitual”, afirmó en un comunicado.
“Es mentira”, resumió el presidente del comité de empresa, Juan Carlos López Corbacho. “Tras el registro del jueves, la producción estuvo parada hasta el miércoles cuando se encendió uno de los hornos, pero horas después se paró la producción porque no hay aluminio para reciclar”, explicó. “Es un insulto y una falta de respeto que la empresa diga que la fabrica opera con normalidad. No es cierto”, zanjó.
“Esta situación es insostenible”, se quejó el comité, que calificó de “urgente” la adopción de las medidas cautelares que solicitaron en la Audiencia Nacional el pasado 5 de marzo tras el registro de las empresas. Entre estas medidas, los sindicatos personados en la causa por la supuesta estafa en la venta de la empresa reclaman que las firmas investigadas sean administradas judicialmente, que se suspendan los contratos de compraventa y que se embarguen los bienes a los querellados con el objetivo de “garantizar el abono de salarios”. También solicitan que la jueza prohíba disponer de sus activos a Alu Ibérica (en cuatro filiales), Alcoa Inespal SL y varias empresas del entramado de Riesgo.
El comité de empresa también informó ayer de que la Inspección de Trabajo envió un informe “con una nueva acta sancionadora a la compañía en donde se pone de manifiesto los continuos retrasos en el pago de salarios y otros complementos salariales”. “Incidiendo en la gravedad de que esa situación se hace discriminatoriamente con la representación sindical y legal de los trabajadores”, explicó.
Según los representantes de los trabajadores, el acta de Inspección de Trabajo “constata la vulneración de otros derechos sociales a los que tienen derecho los trabajadores y que están recogidos en el convenio colectivo”. Según el comité, la dirección de Alu Ibérica (Grupo Riesgo) dio órdenes a sus trabajadores de paralizar la producción en la fábrica coruñesa a raíz del operativo policial del pasado jueves por la posible venta irregular de la empresa y del supuesto saqueo (“despatrimonialización fraudulenta”) de Alu Ibérica por parte de su dueño actual (Riesgo). “
Corbacho explicaba hace unos días que “hasta el pasado jueves la producción era mínima” pero desde el registro, “se dejó de fabricar por completo”. La situación es similar en Avilés donde tiene otra planta.
Ahora, después de que los máximos responsables de Alu Ibérica y nueve empresas relacionadas están siendo investigados, el comité de empresa coruñés teme que la compañía “esté vaciando las existencias de la fábrica”. Desde hace dos años, la producción en la fábrica solo es aluminio secundario. La compañía detuvo las cubas de electrólisis en febrero de 2019. Cuando vendió las plantas de A Coruña y Avilés, el comprador (primero Parter y luego Grupo Riesgo) ya no las utilizó para fabricar aluminio primario, sino solo para refundir chatarra. Los trabajadores destacan que ahora hay una “situación de mercado favorable” para la venta de aluminio, con un precio de 2.200 dólares por tonelada del metal refundido, frente a los 1.700 que tenía dos años atrás
Alcoa, Parter y Riesgo están siendo investigadas por la Fiscalía Anticorrupción junto a otras seis sociedades relacionadas y diez personas. La jueza María Tardón admitió a trámite la querella en la que el sindicato CCP denunciaba un posible delito de estafa agravada, insolvencia punible y apropiación indebida que ha atentado contra la seguridad de los más de 600 trabajadores (315 en A Coruña).
Riesgo prepara una reorganización en la sociedad que da amparo al grupo industrial
Diego Peris Sirvent, administrador único de la sociedad mercantil Manuel Riesgo, S. A., incluye en el primer punto del orden del día de la junta general extraordinaria de accionistas convocada para el próximo martes, 15 de marzo, el “cese y nombramiento en su caso de nuevo órgano de gobierno de la sociedad”. Manuel Riesgo, S. A. es la empresa madrileña cuyo control accionarial tomó Víctor Rubén Domenech (también conocido como David Domenech) en 2018 convirtiéndola en su pantalla para crear Grupo Industrial Riesgo, que en la primavera de 2020 acabó comprando al fondo suizo Parter Capital Group la mayoría de Alu Ibérica (antigua Alcoa). El detalle exacto de los cambios previstos en el órgano de gobierno de la matriz de Grupo Industrial Riesgo no ha trascendido, pues el administrador de la sociedad ha negado esa información incluso a los accionistas minoritarios, un grupo heterogéneo formado por miembros de la familia Riesgo que posee aproximadamente el 40% del capital de la empresa que fundó su bisabuelo. Dada su minoría, los Riesgo, enfrentados a Domenech y sus socios por la gestión que se lleva a cabo de la empresa familiar, no podrán oponerse a la renovación de cargos. No obstante, como medida cautelar y en previsión de tener que impugnar la junta los accionistas minoritarios han solicitado la presencia de un notario
