El Ministerio de Trabajo retomó ayer con patronal y sindicatos las negociaciones para abordar la contrarreforma laboral comprometida en su programa de Gobierno y remitida, a su vez, a Bruselas. Tras un año con las mesas de diálogo social paradas en lo referente a esta cuestión, los agentes sociales y el equipo de Yolanda Díaz volvieron a la carga con planteamientos divergentes. La CEOE manifestó su rechazo a reiniciar las conversaciones donde se quedaron antes de la pandemia, mientras los sindicatos presionaron a Trabajo para marcarle el terreno a los empresarios y volver a hablar de ultraactividad, prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa y subcontratación.

Hacía 12 meses que los negociadores de Trabajo, CEOE, CCOO y UGT no se veían las caras para hablar de hasta qué punto y cómo desmontar la reforma laboral del PP. No obstante, la principal diferencia en este segundo asalto es que las diferentes piezas de esa nueva arquitectura laboral diseñada por el Gobierno figuran en la agenda legislativa remitida a Bruselas para este 2021 y que condicionará el despliegue de los fondos europeos para la reconstrucción.

La cuenta atrás volvió a comenzar ayer, aunque el resultado de la primera toma de contacto tendió más a la dilación. Tras más de cuatro horas de conversaciones, la patronal dejó claro que ahora no toca hablar de la reforma laboral que pretende Díaz. “Hemos trasladado en la mesa que no es el momento de abordar la reforma laboral que se plantea, sino de avanzar en las políticas activas de empleo o la reducción de la dualidad del mercado laboral, como nos indican desde la UE”, comentaron fuentes de CEOE.

El Ministerio capitaneado por la inminente vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, remitió a Bruselas una documento con 17 reformas y la patronal pretende empezar por aquellas que no le suponen un retroceso en las posiciones que ganó con Mariano Rajoy.

Los sindicatos ven en el planteamiento de la patronal una estrategia dilatoria, similar a la empleada en la reciente negociación de la Ley Rider. Que para una norma de dos artículos y una disposición adicional se demoró cinco meses.