Las ayudas directas que el Gobierno está acabando de cocinar para aliviar el impacto del COVID sobre los autónomos y los pequeños negocios excluyen directamente a más de 43.000 autoempleados coruñeses por el sector al que pertenecen. Aunque la propia ministra de Asuntos Económicos, la coruñesa Nadia Calviño, se ha mostrado abierta a revisar la lista de actividades, con el planteamiento actual los 7.000 millones de la Línea COVID se limitan a 95 ramas económicas y dejan fuera otras 443. Entre los sectores excluidos están, por ejemplo, las peluquerías y los talleres de reparación, una decisión muy cuestionada por las patronales. La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) calcula que este requisito descarta al 52% de los más de doscientos mil autónomos que trabajan en Galicia. En la provincia de A Coruña, la Seguridad Social contabilizaba cierre del mes pasado 84.337 altas por cuenta propia, lo que eleva la cifra de autónomos coruñeses excluidos por la convocatoria a unos 43.800.

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Galicia (ATA Galicia), Rafael Granados, piensa que el Gobierno está “a tiempo de corregir” la convocatoria hasta que se publique oficialmente. A su juicio, es injusto que “negocios de peluquería y estética, comercios minoristas y talleres de reparación queden excluidos por haber sido considerados esenciales” cuando “estos negocios han llegado a estar cerrados y han sufrido después las restricciones y los cierres perimetrales”.

En la misma línea, Cepyme considera que limitar las ayudas a determinados códigos del CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) “no obedece a ningún patrón que determine la viabilidad de las empresas ni el impacto de económico que han sufrido durante esta crisis”. “En cambio —apostilla— excluye a miles de negocios que también sufren pérdidas debido a las restricciones administrativas aprobadas y que, por tanto, no pueden optar a compensaciones económicas que ayuden a su viabilidad”.

El requisito de actividad es solo el primer filtro. El segundo es haber tenido un resultado neto positivo en las cuentas de 2019. Por tanto, los autónomos o pymes que tuviesen pérdidas el año anterior a la irrupción del COVID tampoco pueden optar a las ayudas. Quienes cumplan estas dos condiciones deberán demostrar que su facturación ha caído al menos un 30% en 2020 respecto a 2019. Después, las ayudas se concederán en función de cada caso (de 3.000 euros a 200.000 euros) y con el tope de la dotación asignada a cada comunidad autónoma. Este último punto ha sido ya motivo de fricción, porque Balares y Canarias (los territorios más turísticos) acaparan 2.000 de los 7.000 millones de euros aprobados para el conjunto de España, mientras que a Galicia solo le tocan 234 millones.

“Con el dinero destinado a Galicia solo da para que opten a las ayudas el 28% de los 207.000 autónomos que hay”, afirma Rafael Granados, quien lamenta que la comunidad gallega es “una de las que peor paradas han salido” en el reparto de las ayudas directas para autónomos. El presidente de ATA-Galicia no solo cuestiona los criterios por los que se ha primado a unas autonomías sobre otras, sino que defiende que se suprima la repartición territorial y “que haya un reparto más equitativo de las ayudas sin que dependan de la situación geográfica”.

Los autónomos piden flexibilizar el acceso a las nuevas ayudas directas y también prorrogar al menos hasta final de año las medidas que ya están en vigor, como los ERTE financiados por el Estado y la prestación por cese de actividad. “Ha bajado el consumo y llevamos un año ya de mucha incertidumbre y dificultades. Muchas empresas están pendiendo de un hilo y muchas actividades se están manteniendo aún con pérdidas porque son la única vía de ingresos de estos autónomos, pero en el momento en que se acaben las ayudas nos esperamos muchos cierres”, adelanta Rafael Granados.

Unos 10.500 negocios en Galicia, al borde del cierre

La federación de autónomos ATA alertó ayer de que hay 193.000 trabajadores por cuenta propia que prevén cerrar sus negocios tras el vencimiento de la prestación extraordinaria por cese de actividad, vigente hasta el 31 de mayo, lo que supone el 41% de los 470.000 perceptores de esta ayuda. En Galicia son 10.500 cotizantes. Según el último sondeo elaborado por ATA, los trabajadores autónomos estiman en más de 75.000 millones de euros las pérdidas desde marzo de 2020, y tres de cada cuatro autónomos afirman que su facturación ha sido peor que en el primer trimestre del pasado año. “No podemos seguir pagando con dinero público unas prestaciones sociales de alguien que no va a continuar con la actividad”, afirmó el presidente de ATA, Lorenzo Amor, y sugirió que los autónomos que no esperan mantener su actividad dispongan de una prestación durante cuatro meses pero sin tener que seguir sufragando su cotización a la Seguridad Social. Amor también pidió que tanto la prestación por cese de actividad como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se prorroguen hasta el 31 de diciembre. En cuanto a las proyecciones de empleo, unos 200.000 autónomos con trabajadores (14,4% del total) a su cargo prevén que van a tener que despedir a lo largo de este año, mientras que el 56% estima que podrá mantener su plantilla y solo el 1,9 % espera aumentarla. Preguntados por el paquete de ayudas directas de 7.000 millones de euros aprobado por el Gobierno, el 78,3% de los encuestados las considera insuficientes y el 80,9% afirma que las ayudas tendrían que haberse establecido para todos los sectores y en función de la caída de la facturación. “Consideramos que el ministerio sigue sin tener claras las prioridades que necesita nuestro país y nuestro tejido empresarial”, dijo Amor sobre la negociación de la reforma laboral, e insistió en que es prioritario hablar de ERTE, de empleo juvenil y de la dualidad del mercado laboral.