La ley para limitar los alquileres aprobada y puesta en marcha el pasado año por el gobierno de Berlín ha sido declarada “nula” en su totalidad por el Tribunal Constitucional Federal de Alemania. La decisión tiene profundas consecuencias económicas para inquilinos y arrendadores de la capital alemana, y también alcance político para el resto del país.
La ley berlinesa había congelado de forma retroactiva los alquileres de alrededor de un millón y medio de viviendas a niveles de junio de 2019, y establecido un precio máximo de 9,80 euros por metro cuadrado para aquellas viviendas que no fueran de nueva construcción o tuviesen un equipamiento y emplazamiento excepcionales —excluía así a viviendas de lujo—. Los arrendatarios estaban obligados a rebajar el alquiler o, de lo contrario, se enfrentaban a multas. La ley establecía, además, que los precios de los alquileres solo podrían subir a partir de 2022 un 1,3% anualmente. El Constitucional alemán no rechaza el contenido regulatorio del mercado del alquiler de la ley berlinesa sino la base competencial sobre la que se basa la norma. Los jueces fallan que la legislación rebasa las competencias de los 16 estados federados.
