Cuenta atrás para vender la última fábrica de aluminio de Alcoa en España. El plazo acordado entre la multinacional y el comité de empresa de la factoría de San Cibrao (Cervo, Lugo) expira en diez días, el viernes 30, y los trabajadores reclaman “más transparencia” en las negociaciones con la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), que asumirá la titularidad de la planta de forma temporal para dejarla luego en manos de un nuevo grupo industrial —previsiblemente el británico Liberty House—.
Los representantes de la plantilla se reunieron ayer en la Xunta con el vicepresidente económico, Francisco Conde, con quien coincidieron en pedir “respuestas” al Gobierno y en criticar que “no se han producido avances”. “Ante la proximidad del 30 de abril”, fecha fijada para completar la negociación para el traspaso de la planta de aluminio primario de Alcoa a la SEPI, “es necesario que haya certezas”, reclamó Conde. El responsable autonómico de Economía llamó además a aclarar “cuál es el papel de la SEPI dentro del proceso” y a garantizar que se mantienen los términos negociados en el mes de septiembre. Conde recordó que han pasado ya muchos meses desde que comenzó este proceso—Alcoa anunció el despido colectivo en mayo del año pasado— y existe “una urgencia económica y social” en la comarca de A Mariña.
Recurso de casación
Mientras la posible solución política de San Cibrao se gesta en las negociaciones de Alcoa con la SEPI, la judicial da una nueva vuelta de tuerca: el Tribunal Supremo comienza la instrucción del recurso de casación de Alcoa contra el fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que anuló el ERE con el que la multinacional iba a despedir a 534 trabajadores en A Mariña, al entender que hubo mala fe por parte de la empresa.
En la diligencia comunicada a las partes se informa de que ha sido designado como ponente el magistrado Ignacio García-Perrote Escartín. Alcoa presentó el recurso en diciembre alegando su “buena fe” en la negociación del ERE.
