El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites, defendió ayer en A Coruña que no es momento de tocar la legislación laboral, ni de incrementar la presión fiscal, ni de subir los sueldos. “El salario mínimo interprofesional que Bruselas defiende que debe alcanzar el 50% del sueldo medio, que en España son 1.200 brutos al mes, sería un error en el momento actual”, aseguró el líder de la patronal gallega argumentando que subir el salario mínimo interprofesional (SMI) “agudizaría la pérdida de competitividad” de las empresas españolas en general y de las gallegas en particular, teniendo en cuenta la brecha con el mercado luso. “Portugal tiene un salario mínimo de 600 euros, pues estaríamos en el doble”, afirmó Vieites. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, espera que el SMI suba de los 950 euros actuales hasta los 1.200 euros en tres años, antes de que acabe la legislatura.

Además del riesgo de perder inversiones en favor del país vecino —el mes pasado Siemens-Gamesa cerró su planta eólica en A Coruña para trasladar su producción a Portugal y ahorrar costes—, el líder de la CEG alertó de la necesidad de “simplificar y armonizar” la fiscalidad (impuestos de sucesiones, donaciones, patrimonio) en España para “evitar la deslocalización de las empresas gallegas a otras comunidades autónomas”. La equiparación que reclama es a la baja porque, a su juicio, para salir de esta crisis es “más efectivo reducir la presión fiscal” y puso por delante que lo primordial ahora es acelerar la vacunación, para lo que las empresas gallegas se ofrecen a colaborar. Además, mostró su preocupación por el “absentismo muy elevado, de hasta el 18% en empresas de Galicia”.

Vieites cree que tampoco toca cambiar la regulación del mercado de trabajo: “Sería un error. España no crecerá si en este momento hacemos una reforma. Tenemos una reforma laboral de 2012 que fue éxito”, afirmó, aunque reconoció las tachas del paro juvenil, la escasa recolocación de los mayores de 50 años y la temporalidad. “Tenemos otras prioridades”, insistió, y reivindicó “convertir la pandemia en oportunidad y modernizar el tejido productivo”.

En esa transformación están llamados a jugar un papel clave los 70.000 millones de euros que España espera recibir de la Unión Europea entre el 2021 y el 2023 (fondos Next Generation EU). Galicia ha presentado proyectos por una inversión total de 19.698 millones de euros, la cuarta más importante entre las autonomías (solo superada por Cataluña, Madrid y Andalucía). “Vamos a seguir perfilando esa candidatura gallega de los fondos Next Generation de esos 354 proyectos que están encima de la mesa, que la inmensa mayoría, más de 12.000 millones de euros, son de fondos privados”, afirmó el representante de los empresarios gallegos, que matizó que aunque algunas ideas llevan más de dos años en gestación, muchos proyectos necesitan “madurar más” para “llegar a tener éxito” y aprovechar esta “oportunidad excepcional para Galicia. La CEG pide al Ejecutivo que establezca cuanto antes normas claras sobre la gestión de los fondos.

La de ayer fue la primera visita de Vieites a la Confederación de Empresarios de A Coruña (CEC), desde que fue elegido líder de la patronal gallega, hace tres meses, “con el 89% de los votos”, recordó. Su proclamación cerró una etapa de cisma marcada por el enfrentamiento territorial. “Esa unión ya puedo decir que es una realidad”, apostilló Vieites acompañado del presidente de la patronal coruñesa, Antonio Fontenla.

Visita al puerto exterior

Después de celebrar la reunión del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva de la CEG en la sede de la patronal coruñesa, Vieites y Fontenla visitaron el puerto exterior, acompañados por el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado; y el Ayuntamiento, donde fueron recibidos por la alcaldesa, Inés Rey. Vieites puso el acento en la urgencia de que el tren de mercancías llegue a punta Langosteira para hacer competitivo el puerto exterior y a la vez “dejar el puerto interior para el ocio y para los ciudadanos”. También reclamó un plan de infraestructuras completo para corregir el déficit que lastra la competitividad gallega.