Alcoa y la sociedad estatal de participaciones industriales (SEPI) continúan distanciadas en sus negociaciones para la venta de la planta de San Cibrao, en Cervo (Lugo). Al término de la reunión multilateral de seguimiento de ayer, en este caso convocada por la multinacional del aluminio (que se comprometió a informar de las conversaciones al menos una vez al mes), el secretario general de Industria y Pyme, Raúl Blanco, lanzó un mensaje directo a la empresa: “Que no intente que sean las administraciones las que le vendamos la planta. No es esa nuestra función”, aseveró.

Blanco, en declaraciones a los medios de comunicación remitidas por el Ministerio de Industria y también por la Delegación del Gobierno, aseguró que la SEPI “dará respuesta” a Alcoa respecto a la propuesta que hizo de indemnidad (blindaje ante eventuales reclamaciones judiciales tras la venta), pero subrayó que lo hará “dentro del marco jurídico”.

“La propuesta que hizo Alcoa no cumple el marco jurídico y por tanto no va a ser aceptada, pero se está analizando qué posibilidades hay para facilitar esa operación”, afirmó el secretario general.

A renglón seguido, hizo hincapié en que la compañía “lo que tiene que decidir ya es vender” y le instó a centrarse en esa operación “a terceros”, bien sea Alvance (la división de aluminio del grupo Liberty) o bien sean “otros” interesados.

En este sentido, fue tajante al pedirle “no utilizar a las administraciones como excusa, porque no son las administraciones las que venden la planta”. “Si realmente tiene buena fe, que venda la planta ya y deje de seguir causando daño en A Mariña y venda la planta de una vez a un proyecto industrial viable”, remarcó.

El titular de Industria enfatizó así su petición de que “deje de enredar” (...) “después de tantos años de conocerse”. “Que vendan la planta, vamos a hacer desde las administraciones tanto el Gobierno como la Xunta todo lo que haga falta para hacer viable esa operación, y a partir de ahí sin duda eso es posible”, reconoció.

“Alcoa lo que tiene que decidirse es a vender”, sea al grupo Liberty o a otros posibles compradores, porque “hay empresas que están interesadas” en hacerse con la fábrica de aluminio primario de San Cibrao.

Por su parte, fuentes de la multinacional trasladaron que “Alcoa mantiene su compromiso de seguir avanzando en las negociaciones para la venta de la planta de aluminio San Cibrao a SEPI”.

Pero avisan de que “para que las negociaciones avancen es necesario que haya una respuesta del Gobierno o de SEPI a la hoja de condiciones generales (termsheet) que se envió el 4 de febrero”. Las mismas fuentes informaron de que así “se lo transmitió” la dirección de Alcoa “a la Mesa Multilateral, formada por representantes de los gobiernos central y de Galicia, así como representantes de los trabajadores.

Las negociaciones entre la multinacional del aluminio y la sociedad estatal de participaciones industriales (SEPI) se encuentran estancadas desde hace semanas y a pocos días de que concluya el plazo del 30 de abril que se pusieron comité y empresa para lograr un acuerdo marco para la venta. Por un lado, la SEPI critica la cláusula de indemnidad que ha incorporado la compañía, ante eventuales reclamaciones en el ámbito judicial una vez cerrada la operación, en caso de llegar a darse. Alcoa, por su parte, asegura que es un elemento que ya figuraba en el anterior proceso y que la sociedad dependiente del Gobierno lo había aceptado.

Por otro lado, están en el aire las garantías financieras que ofrece el que por ahora continúa siendo el principal comprador interesado, Liberty, aunque el Ejecutivo central habla ya de otras muestras de interés.

En medio de esta situación, el Tribunal Supremo ha comenzado a instruir el recurso contra la anulación del despido colectivo que presentó la firma. El comité ve avalada la nulidad de aquel expediente por los beneficios que registró Alcoa al comienzo de este año, y sus abogados esperan que el Supremo mantenga el fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, puesto que lo contrario, advierten, sería “un shock” para la plantilla.

Los trabajadores advierten de que no tendrán “problema” en volver a salir a la calle

El comité de empresa de Alcoa San Cibrao compareció ayer para pedir a las administraciones y a la multinacional que trabajen para “desencallar” el proceso de negociación para la venta de la planta de aluminio primario, además de recordar que la “paz social” está pactada hasta el 29 de abril, por lo que si no hay solución, la parte social “no va a tener problema en volver a salir a la calle y volver a luchar”. “Hemos comprometido una paz social y hasta el día 29 la tienen, pero aquí queremos movimientos y queremos que se empiece a visualizar que hay acuerdos”, reclamó el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, quien reconoció que, en este momento, hay “dos problemas” que están dificultando la posibilidad de cerrar un acuerdo. Por una parte, dijo, está la solicitud de “indemnidad” que plantea Alcoa, para quedar exenta de responsabilidades tras la venta y, por otro, la solvencia de Alvance, del grupo británico GFG, propietario también de Liberty, en problemas tras la quiebra de su principal financiador, el banco Greensill. “Alvance le ha entregado una documentación al Ministerio que ahora tiene que estudiar. A nosotros nos da igual que sea Alvance o cualquier otro grupo industrial” el que compre la fábrica, reconoció Zan, siempre que sus propuestas industriales sean “factibles y viables. De hecho, el presidente del comité confirmó que el Gobierno informó de que “existen” otras empresas interesadas en hacerse con la planta. En cuanto a la “indemnidad” que pide Alcoa, afirmó que es “algo ilógico”, algo que está “fuera de la ley”. “Esto hay que desencallarlo. Quienes tienen que dar solución a todo esto son los gobiernos”, aseguró.