Alcoa movió ficha ayer en las negociaciones con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para tratar de vender la planta de San Cibrao, en Cervo (Lugo), y le planteó que está “dispuesta a aceptar una nueva redacción de la cláusula de limitación de responsabilidades volviendo a la propuesta de septiembre de 2020 que no fue rechazada por el Gobierno”.

Esta cláusula de indemnidad ante eventuales reclamaciones judiciales en relación con la operación de venta era el motivo al que apuntaba el Gobierno central en las últimas semanas para justificar el bloqueo en las conversaciones. Su planteamiento se entrecruza en el tiempo con la causa penal que se sigue contra Alcoa, Parter y Grupo Riesgo por la operación de compraventa relativa a las plantas de la multinacional del aluminio en A Coruña y Avilés.

Un día antes de que expire el plazo que se dieron comité de empresa y Alcoa para tratar de llegar a un acuerdo marco sobre la venta de la factoría de A Mariña de Lugo, la compañía ha informado de este movimiento, que sitúa “en línea con la voluntad de avanzar en el proceso de negociación” que asegura haber mantenido “desde el inicio del mismo”. Su comunicación, de manera “proactiva”, según reivindica, la ha hecho mientras espera “respuesta a la hoja de condiciones enviada el pasado 4 febrero a SEPI”.

Junto a esta propuesta, remitida en concreto al Ministerio de Industria, Alcoa ha trasladado que, “si la dificultad que impide a SEPI avanzar se debe a considerar otros compradores, estaría dispuesta a trabajar con otros actores interesados en la adquisición de la planta de aluminio, siempre que sea SEPI quien adquiera en primer lugar su titularidad para su posterior venta a un tercero”.