Alu Ibérica, propiedad de Grupo Riesgo, está desde ahora intervenida judicialmente, para prevenir que su dueño pueda realizar “operaciones que incidan en la hasta el momento indiciaria actuación de descapitalización y despatrimonialización de las empresas y centros de producción de A Coruña y Avilés”. Así lo establece el auto en el que la jueza que instruye el caso Alcoa en la Audiencia Nacional, María Tardón, acepta las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción ante los indicios de que los compradores de las antiguas fábricas de Alcoa (el fondo suizo Capital Parter, primero, y Riesgo después) habrían estado saqueando las fábricas. La medida, tomada por un plazo inicial de seis meses y prorrogable, satisface la petición que los trabajadores plantearon en el mismo momento en que la Policía Nacional registró ambas plantas en busca de pruebas, durante el macrooperativo ejecutado hace dos meses que se saldó con la detención del dueño de Riesgo, Víctor Rubén Domenech, y tres directivos más.
La intervención judicial se enmarca en la investigación abierta tras la querella presentada por el sindicato Confederación de Cuadros Profesionales (CCP) contra diez personas físicas y nueve jurídicas en relación con la supuesta estafa en el proceso de venta de las plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés, que la Audiencia admitió a trámite en diciembre. El juicio está señalado para el día 22 de este mes y la jueza Tardón entiende que esta medida es “la más adecuada” en este momento procesal “en aras a salvaguardar los derechos y expectativas de los trabajadores” así como de los “acreedores y/o administraciones públicas eventualmente perjudicados [...] por los actuales gestores y administradores”.
Los sindicatos querellantes (CCOO y UGT se sumaron a la CCP) y también la Fiscalía consideran que existen indicios de delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, delito contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal en todo el proceso que llevó a que la fábrica de aluminio coruñesa y su gemela asturiana pasasen de manos de Alcoa a Parter Capital (en julio de 2019) y posteriormente, constituida ya sociedad Alu Ibérica, a Riesgo (en 2020).
La acción se dirige contra, entre otros, Víctor Rubén Domenech y las sociedades Alcoa Inespal SLU, Alu Ibérica LC SL, Alu Ibérica AVL SL y Parter Capital Group. Estas son, precisamente, las sociedades que han quedado ahora intervenidas a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y por decisión de la juez Tardón.
Fuentes del Ministerio de Industria valoraron como “importante y positiva” la intervención judicial de Alu Ibérica, “un hecho que se produce gracias a la personación del Ministerio de Industria en el proceso”, incidieron. El equipo de Reyes Maroto destacó que “con la decisión de la Audiencia Nacional se evita la posible destrucción de pruebas y la expoliación o vaciamiento de las fábricas de Avilés y A Coruña, ya que no podrán hacer pagos o cobros de más de 20.000 euros sin autorización del interventor judicial o de la magistrada”. Ante el nuevo escenario, Industria hace un llamamiento a la unidad: “Ahora es momento de trabajar juntos, administraciones y sindicatos, para garantizar el futuro de las dos plantas”.
En el auto que pone en marcha el proceso de tutela de las fábricas de Alu Ibérica, la magistrada María Tardón Olmos designa como administradores judiciales a funcionarios de la Intervención General de Estado y de la Intervención General de la Seguridad Social.
El presidente del comité de empresa de Alu Ibérica A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, recibió “con alegría” el auto — difundido ayer y está fechado el 27 de abril—, y avanzó que pedirá que el administrador “retrotraiga las decisiones tomadas por empleadores anteriores”, es decir, que revierta su despido, el de otros tres representantes sindicales y el de una empleada.
En línea con la posición de los trabajadores, el grupo municipal del BNG en A Coruña celebró ayer la intervención y exigió a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) dé el siguiente paso: “Pasada la intervención judicial, la SEPI tiene que tomar el control de Alu Ibérica, toda vez que estamos ante una empresa de un sector estratégico”, afirmó el portavoz nacionalista, Francisco Jorquera. Por su parte, el PSdeG, pidió al Estado trabajar por “el futuro y el empleo” en Alu Ibérica y consideró positiva la medida judicial “ante las sospechas sobre actuaciones cuestionables por parte del inversor”.
Desde Grupo Industrial Riesgo el único comentario realizado ayer fue para comunicar que el auto de la Audiencia Nacional ha sido entregado al equipo jurídico de la sociedad para su análisis.
Parter vendió a Riesgo por trece millones de euros las plantas que compró a Alcoa por un dólar siete meses antes
El auto de intervención judicial de las fábricas de aluminio de A Coruña y Avilés explicita que “se ha podido constatar la verosimilitud de los hechos recogidos en la querella”, que refieren la existencia de diversas irregularidades en la venta de las dos fábricas de aluminio. Del recorrido que lleva la investigación se concluye que la transmisión a Grupo Riesgo de las participaciones sociales de las antiguas fábricas de Alcoa se culminó por un precio muy superior al que fue abonado por Blue Motion Technologies A. G. (propiedad de Parter Capital) unos pocos meses antes. Así, cuando en el mes de junio de 2019 Grupo Industrial Riesgo adquirió a través de Alu Holding AC Spain SLU y Alu Holding AVL 2019 Spain SLU el 100% del capital social de Alcoa Inespal Coruña S.L. y Alcoa Inespal Avilés S. L. , ambas por un precio total de 1 dólar americano, el 75% de esas sociedades fue vendido en el mes de marzo del siguiente año a System Capital Management (Grupo Industrial Riesgo) por 13 millones de euros. El importe establecido fue satisfecho por la compradora con fondos procedentes de los “préstamos” que los propios centros de producción le concedieron a instancias de la sociedad suiza que, como administradora única, otorgó a la compradora con carácter previo a la venta. De esas maniobras, los investigadores concluyen que apenas 7 meses después de la compra, Blue Motion Technologies enajenó los centros de producción a System Capital Management, “incumpliendo de forma meridiana los acuerdos alcanzados con la propietaria inicial (Alcoa)” en perjuicio de la actividad.
La plantilla pide que la SEPI tome el control
El comité de empresa de Alu Ibérica A Coruña celebró ayer en un comunicado la decisión de la Audiencia Nacional y consideró “necesario que junto a la intervención judicial se sume la intervención de la SEPI” (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) para que “gestione la salida industrial más allá del ámbito judicial”, como hará con Alcoa San Cibrao. La plantilla recuerda que el próximo 31 de julio termina el plazo del acuerdo de venta de Alcoa que blindaba sus empleos y debía impulsar un plan industrial. “Y no se hizo nada, solo daño”, zanjan los trabajadores, que insisten en que “la culpable es Alcoa”, que dirigió el proceso de venta y escogió de forma unilateral al comprador, Parter, que debía cumplir las condiciones de “serio, solvente y riguroso”, cuando a las cuatro semanas de la compraventa el fondo suizo ya estaba negociando la reventa a Riesgo, “estando prohibido” los acuerdos.
Alcoa promete ser “cooperativa” con la Justicia
La multinacional Alcoa, propietaria original de las dos plantas intervenidas, expresó ayer su “respeto” por las decisiones judiciales y reseñó que mantiene una actitud “cooperativa” con la Justicia. Asimismo, el gigante del aluminio recuerda que vendió las plantas de A Coruña y Avilés en 2019 a Parter Capital Group “con el aval del Gobierno español y el apoyo de los representantes de los trabajadores”, si bien estos últimos no dieron su aval a la venta.
