La orden de la Audiencia Nacional de la intervención judicial de las plantas A Coruña y Avilés de Alu Ibérica por indicios de saqueo de la fábrica es una decisión “garantista” y que ofrece “mayor protección para los trabajadores”, subrayó el secretario general de Industria, Raúl Blanco, pero esa iniciativa de la juez María Tardón, de la Audiencia Nacional, lleva aparejada otra nada favorable, a juicio de los trabajadores: la exclusión de la posibilidad de intervención de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) para salvar la empresa. El representante estatal detalló ayer en una entrevista radiofónica que “al estar en marcha un proceso judicial” no cabe “ninguna afirmación más”. Esto es, el Ministerio de Industria descarta así que la SEPI rescate a Alu Ibérica por estar intervenida judicialmente.

Blanco abundó al hilo del escenario que ahora se presenta para la antigua Alcoa que se debe “respetar el proceso judicial y ver cómo evoluciona”. A su juicio, “el escenario actual —con las plantas intervenidas judicialmente— es más garantista para los trabajadores”, insistió. “No fue una venta pública, de ahí nuestra prudencia”, dijo el secretario de Industria sobre el traspaso sucesivo de las fábricas de A Coruña y Avilés primero al fondo suizo Parter —por un dólar en julio de 2019—, y de este a la sociedad Grupo Riesgo —por 13 millones de euros siete meses después. “Se decidirá quién fue el responsable”, dijo sobre el proceso abierto en la Audiencia.

Movimiento en A Grela

Mientras esperan noticias oficiales de los hombres de negro —como han apodado ya a los técnicos de la Intervención General de Administración del Estado— los trabajadores de A Grela observaron ayer el trasiego de coches con cristales tintados en los accesos a la fábrica. La Audiencia Nacional ha decretado la intervención judicial por un plazo inicial seis meses, lo que impedirá a Riesgo hacer movimientos de más de 20.000 euros sin permiso.

En paralelo a la vía judicial, la plantilla reclama acción política para garantizar el futuro industrial de la factoría que en estos momentos sostiene a unos 300 trabajadores directos. El comité coruñés espera a que el Gobierno convoque la mesa técnica industrial para consensuar una salida con el apoyo de las administraciones. Su presidente, Juan Carlos López Corbacho, insiste en la necesidad de que la SEPI tome el control para procurar un nuevo escenario con garantías de actividad y empleo.