La nulidad de la venta y la consecuente reversión de las fábricas a Alcoa es, para el comité de empresa, “el único resultado posible” del proceso judicial que esta semana ha llevado a la intervención cautelar de Alu Ibérica, la sociedad que engloba las plantas de aluminio de A Coruña y Avilés, por indicios de saqueo. El representante de la plantilla de A Grela, Juan Carlos López Corbacho, insiste en que el actual propietario, Grupo Riesgo, “ocupó las instalaciones ilegalmente” y confía en que el juicio fijado para el próximo día 20 sirva para acreditar el “fraude” del proceso y que las factorías “vuelvan a manos de Alcoa” de manera que la multinacional “se responsabilice y busque una salida industrial”. La salida que piden no es otra que la venta a otro grupo, con la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) como intermediaria, como se está tratando de hacer con la última planta de aluminio de Alcoa en España, la de San Cibrao (Cervo, Lugo). Corbacho ve con buenos ojos la posibilidad de que las dos fábricas gallegas y la asturiana recuperen su unidad bajo la misma propiedad.

“Me gustaría que el grupo se mantuviese unido”, afirma el presidente del comité, que recuerda que la multinacional estadounidense entró en el mercado español en 1998 comprando once centros de trabajo de la empresa pública Inespal y que “ha querido descuartizarlos”. Actualmente la intención de la Aluminum Company of America es quedarse sólo con la refinería de alúmina (materia prima del aluminio) de San Cibrao, su última pica en España. La fábrica de aluminio anexa está en vías de venta y el británico Liberty House es el grupo que más ha sonado para hacerse con ella. Liberty pujó también por las fábricas de A Coruña y Avilés en 2019, pero en aquel momento Alcoa lo descartó en favor de Parter Capital —el fondo suizo las compró por un dólar y a los siete meses las revendió a Riesgo por 13 millones de euros—. Si las plantas salen de nuevo al mercado, sus caminos pueden volver a cruzarse.

Tras la intervención judicial, el Ministerio de Industria rechaza ahora que la SEPI entre en Alu Ibérica. “Al estar en marcha un proceso judicial” no cabe “ninguna afirmación más”, zanjó el secretario general de Industria, Raúl Blanco. Corbacho no comparte esta postura. “Es necesaria la participación de la SEPI en esta intervención porque lo que necesitamos es abrir el escenario del futuro industrial de la planta. El ámbito judicial que hemos recorrido no nos va a dar una salida laboral al problema”, afirmó.

La jueza investiga los 13 millones de la venta

Arrojar luz acerca de dónde salieron los 13 millones de euros de la operación de compraventa de las plantas de Alu Ibérica por parte de Grupo Riesgo es uno de los objetivos de la investigación en marcha por la Audiencia Nacional.

La jueza María Tardón señalaba en el auto que decreta la intervención judicial de las fábricas de A Coruña y Avilés que, además de “incumplir de forma meridiana los acuerdos alcanzados” con la propietaria de las plantas en origen, Alcoa, la sociedad instrumental (System Capital Management) que utilizó Grupo Riesgo para la transacción posterior “no puede sino valorarse como un acto de vaciamiento patrimonial”.

Queda por concretar ahora cómo System Capital Management, una empresa con un capital social de 3.000 euros, pudo hacer frente al coste de la transmisión de las plantas de producción, estimado en 13 millones de euros, según recoge el auto. Además, abunda la jueza María Tardón, todo se realizó “con fondos procedentes de los préstamos que los propios centros de producción le concedieron a instancias de la sociedad suiza (Parter) que, como administradora única, otorgó a la compradoras con carácter previo a la venta”. De esta forma, la magistrada concluye que se identifica una operación “que evidenciaría la descapitalización de la empresa, además de la imposibilidad de contribuir a reflotarla”.