La intervención judicial de Alu Ibérica que la Audiencia Nacional decretó la semana pasada —como medida cautelar ante los indicios de descapitalización de la empresa por el saqueo de su propietario, Grupo Riesgo—, ha devuelto a la primera línea de la agenda política a las fábricas que Alcoa vendió hace casi dos años en A Coruña y Avilés. El Congreso de los Diputados aprobó ayer una moción con la que insta al Gobierno central a poner en marcha “una intervención pública temporal” de las dos factorías de aluminio para “incorporarlas a la SEPI [Sociedad Estatal de Participaciones Industriales] para el desarrollo de un plan industrial que permita la plena actividad productiva y la ocupación de las plantillas de las dos plantas”.
La iniciativa partió del Bloque Nacionalista Galego, que exige que la SEPI canalice la salida industrial tanto de Alu Ibérica (en A Coruña y Avilés) como de Alcoa San Cibrao (en Cervo, Lugo), la última fábrica de aluminio primario que la multinacional mantiene en España después de haberse ido deshaciendo progresivamente de las diez instalaciones que adquirió con la compra de la empresa pública Inespal en 1998. Dos décadas después de su privatización, las tres factorías podrían volver, por un tiempo, a manos de la sociedad pública. “Siempre dijimos que la solución no sería judicial y que era necesaria una solución política”, reivindicó ayer el único representante del BNG en el Congreso, Néstor Rego.
El texto aprobado por los diputados reclama además al Ejecutivo que actúe “con la máxima agilidad, diligencia y transparencia” en el proceso de negociación y diálogo abierto con Alcoa, la Administración Pública, la representación de los trabajadores y los potenciales compradores de la planta de San Cibrao. También llama a “establecer un calendario para la intervención pública temporal” de la instalación, que permita “el control por parte de la SEPI de la factoría y garantice la posición adecuada para la negociación con potenciales interesados en desarrollar proyectos industriales solventes y estables” que sustenten la actividad y el empleo de en esta factoría vital para la economía de A Mariña.
La postura de la incorporación de las fábricas a la SEPI coincide con la demanda de los trabajadores. El presidente del comité de empresa de la fábrica coruñesa, Juan Carlos López Corbacho, insistió en los últimos días en que “es necesaria la participación de la SEPI” porque lo que se necesita es “abrir el escenario del futuro industrial de la planta” y “el ámbito judicial no va a dar una salida laboral al problema”. Sin embargo, el Ministerio de Industria se ha mostrado reticente a dar este paso. “Al estar en marcha un proceso judicial” no cabe “ninguna afirmación más”, se escudó el secretario general de Industria, Raúl Blanco, ante las preguntas de los medios de comunicación sobre esta posibilidad. Ahora, el Ejecutivo tendrá que manifestar su posición ante la petición del poder legislativo.
El grupo parlamentario nacionalista señaló ayer en un comunicado que Alu Ibérica sostiene 700 trabajadores directos —la mitad en A Coruña— y que “la única salida” para poner fin a “dos años de casi paralización total de la actividad” es que el Estado actúe de modo que “la SEPI se haga cargo”.
Reunión con Miñones
El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, recibió ayer al comité de empresa de Alu Ibérica en A Coruña y se comprometió a trasladar al Ministerio de Industria sus demandas de cara al mantenimiento del empleo y la actividad industrial de la factoría de A Grela que Alcoa vendió en 2019 al fondo suizo Parter Capital por un dólar y que este dejó en manos de Grupo Riesgo siete meses después por 13 millones de euros.
Miñones expresó su respaldo a la plantilla, traducido en la reciente personación de la Abogacía del Estado en el proceso penal que investiga la supuesta estafa en la venta de las fábricas que Alcoa quiso cerrar en 2018 y finalmente accedió a vender 2019 ante la presión social.
