El Consejo de Ministros ha aprobado el código de buenas prácticas al que podrán adherirse los bancos para reestructurar los créditos a empresas y autónomos avalados por las sociedades públicas ICO, Cesce y Cersa, uno de los tres componentes del plan de 11.000 millones de apoyo a la solvencia de las empresas aprobado a mediados de marzo. La medida incluye los 3.000 millones que el Gobierno transferirá a compañías para que amorticen parte del crédito si lo acuerdan con su entidad financiera y a cambio de que esta acepte una quita proporcional en la parte no avalada del préstamo.

La reducción podrá ser del 50% del principal avalado pendiente de pago si la caída de la facturación de la empresa fue de entre el 30% y el 70% en 2020 y de hasta el 75% si el descenso de ingresos fue superior al 70%. Además, la cuenta de resultados tendrá que haber presentado un resultado negativo después de impuestos el año pasado. Será necesario que el cliente y el banco acuerden la renegociación de toda la deuda, no solo la avalada, que la empresa mantenga con la entidad y que se haya generado entre el 17 de marzo del año pasado y el 12 de marzo de este ejercicio.

Además, el Gobierno va a permitir ampliar más allá de los dos años previstos el periodo de carencia en el pago del principal del crédito si lo acuerdan cliente y entidad. También se podrá ampliar en dos años, de ocho a diez, el plazo de vencimiento del préstamo.