El Consejo de Ministros aprobó ayer el Real Decreto-ley que regula las condiciones laborales de los repartidores a domicilio por parte de las plataformas digitales, la conocida como Ley de riders, por la que se obligará a contratar a estos trabajadores como asalariados en un plazo máximo de tres meses a partir de la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE). “Va a cambiar el signo de los tiempos”, destacó la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, además de situar a España en la vanguardia de la legislación internacional en esta materia porque “no hay ningún país en el mundo que se haya atrevido a legislar sobre esto”.

La norma es fruto del acuerdo alcanzado en marzo entre el Ministerio de Trabajo, CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme y afecta a las relaciones laborales entre las plataformas dedicadas al reparto o distribución de cualquier producto y sus trabajadores, es decir, que no afecta solo a las empresas de reparto de comida a domicilio como Glovo, Uber Eats o Deliveroo. La Asociación de Plataformas de Servicios bajo demanda (APS) lamentó la aprobación “por la vía de urgencia y sin debate parlamentario, de un decreto que pone en riesgo el desarrollo de un sector que aporta más de 700 millones de euros al PIB español y que ha sido elaborado sin tener en cuenta a sus principales actores: restaurantes, plataformas y, lo más sorprendente, a los propios repartidores”.

La norma reconoce la presunción de laboralidad de los trabajadores que prestan servicios retribuidos de reparto a través de empresas que gestionan esta labor mediante una plataforma digital, en línea con la sentencia que dictó el Tribunal Supremo en septiembre de 2020, en la que establecía que los repartidores son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos. Entre las novedades está la incorporación al Estatuto de los Trabajadores la obligación de todas las empresas (no solo las plataformas de reparto) de informar de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y el mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles.

Esta es, según Díaz, precisamente la medida “más ambiciosa” de la norma, pues todas las empresas deberán ser transparentes sobre los algoritmos y fórmulas matemáticas que pueden “sesgar” las relaciones laborales. “Los trabajadores tienen derecho a saber cuáles son las razones que motivan decisiones que son empresariales”, apuntó la ministra, que anunció la creación de un comité de expertos para asesorar al Gobierno y estudiar, con “tranquilidad”, el buen uso de la inteligencia artificial y de los algoritmos en las relaciones laborales en España. “Las fórmulas matemáticas deben ser neutras —explicó Yolanda Díaz—. Tenemos ya certezas de que existen sesgos en el desempeño de las relaciones laborales y los algoritmos ya están presentes en todas las relaciones laborales, en todas las empresas”.