Adolfo Domínguez comunicó ya formalmente a Trabajo el expediente de regulación de empleo (ERE), el cuarto en una década, con el que quiere saltar la ola del coronavirus y volver a la recuperación del negocio que se atisbaba antes del COVID.
Después del acuerdo alcanzado con la totalidad de los representantes de la plantilla (CCOO, UGT, CIG y ELA), el recorte afectará finalmente a 259 puestos —el número inicial rondaba los 300—, de los que 55 serán prejubilaciones a partir de los 58 años; y el resto, salidas voluntarias. Los primeros se irán con el 60% del salario bruto y las bajas incentivadas serán de 30 días por año y un tope de 18 mensualidades.
