La fábrica de aluminio de A Coruña —antigua Alcoa, actual Alu Ibérica— está intervenida judicialmente desde hace casi un mes. La llegada de los hombres de negro para vigilar las cuentas ante la sospecha de que Riesgo, el actual propietario, la está descapitalizando fue recibida con aplausos por los trabajadores. Sin embargo, la supervisión financiera decretada por la Audiencia Nacional no ha servido para aliviar los problemas inmediatos de la plantilla. “Los trabajadores siguen sufriendo la gestión malintencionada de Riesgo, hay un cabreo enorme”, asegura el presidente del comité de empresa, Juan Carlos López Corbacho, quien apunta que la plantilla no solo tiene “retrasos generalizados” en el cobro de sus salarios desde enero, sino que además la empresa ha empezado a emitir a algunos empleados “nóminas por valor de cero euros sin ninguna explicación” .

El líder sindical de la fábrica relaciona esta práctica con la intención de la empresa de “justificar que se están haciendo las nóminas” formalmente, de cara a las investigaciones en curso, pero sin efectuar realmente los pagos. “La gestión de nóminas es un desastre y lo están haciendo mal a propósito”, afirma Corbacho, y añade que hay “demandas en curso” para reclamar los salarios.

El comité coruñés ha trasladado esta información a los abogados de la acusación (sindicatos) del caso Alcoa, para solicitar a la jueza María Tardón —que instruye la causa penal por la posible estafa en la venta de las fábricas de Alcoa de A Coruña y Avilés— medidas cautelares “más agresivas”. Alu Ibérica está intervenida por un plazo inicial de seis meses, en los que la empresa debe pedir permiso para realizar cualquier movimiento superior a 20.000 euros. En el auto de intervención dictado a principios de mayo, Tardón explicaba que adoptaba esta medida “en aras a salvaguardar los derechos y expectativas de los trabajadores”.

El comité de Alu Ibérica en A Coruña ve “insuficiente” este nivel de intervención. “La medida dificulta la descapitalización de la empresa pero a corto plazo y en primera persona —expone Corbacho— los trabajadores siguen sufriendo los daños porque la supervisión solo es financiera y las decisiones laborales y comerciales las siguen tomando los mismos y nadie les dice cómo deben priorizar los pagos”.

Registro Mercantil

El Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) publicó ayer el auto de intervención judicial de Alu Ibérica LC SL, la sociedad de la fábrica aluminera coruñesa. La semana pasada había publicado ya la intervención de Alu Ibérica AVL SL, la planta asturiana. Con esta inscripción queda constancia oficial de la medida cautelar dictada el mes pasado por el Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, que investiga si la venta de las fábricas de Alcoa a Parter Capital en 2019 y su posterior reventa a Grupo Riesgo en 2020 fue constitutiva de supuestos delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, delito contra la seguridad de los trabajadores y asociación criminal.

“Esta medida es escasa y la situación es muy preocupante”, concluye el representante de la plantilla coruñesa, que marca como prioridad “quitar la gestión de las fábricas de las manos de Riesgo”.

El comité de San Cibrao se reúne con Liberty, que explora la compra

El comité de Alcoa San Cibrao inicia esta semana los contactos con las compañías interesadas en la compra de la fábrica y tiene fijada para mañana la primera reunión con el grupo británico Liberty, cuya división de aluminio —Alvance— fue también la primera empresa en mostrar públicamente su interés por la adquisición de la factoría. En este momento están en marcha las conversaciones con seis posibles compradores para la última fábrica de aluminio de Alcoa en España, a través de la SEPI.