El Consejo de Ministros dio luz verde ayer al anteproyecto de ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera impulsado por el ministro Luis Planas y que pretende contribuir a la conservación de los recursos pesqueros, poner en valor la función socioeconómica de la pesca en el territorio y estrechar el vínculo entre ciencia y política pesquera para racionalizar el marco normativo. Con la futura ley, el Gobierno actualiza la legislación vigente para dar respuesta a los nuevos retos ambientales, sociales y económicos, así como apostar por la modernización, transparencia y seguridad jurídica del sector pesquero, cuyos principales representantes vienen criticando que no se tuviera en cuenta su opinión a la hora de elaborar el texto.
Ciertos planteamientos de la nueva norma levantan ampollas en el sector. El borrador del texto planteaba medidas como retirar las cuotas asignadas a un barco si no las utiliza en un periodo de tiempo determinado. Prevé, además, la posibilidad de dar entrada a los censos de flota a buques sin un historial previo de pesca en ciertas pesquerías o la vigencia de cuatro años de las licencias de pesca, en lugar de mantener su renovación automática. Ante la falta de información oficial, el sector pesquero sigue preocupado. Todavía no han recibido un borrador “pese a haberlo pedido en repetidas ocasiones”, como recuerdan desde la patronal Cepesca, que se mantienen expectantes ante la presentación que les hará hoy el Ministerio sobre un texto del que no pudieron participar.
Paso hacia la sostenibilidad
Esta nueva ley, que derogará parcialmente la Ley 3/2001 de Pesca Marítima del Estado, forma parte del paquete legislativo anunciado por el Gobierno para definir y actualizar el funcionamiento de la industria. En su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, apuntó que “es un paso adelante definitivo desde el punto de vista de la sostenibilidad del sector pesquero en una triple dimensión: ambiental, económica y social”.
La adaptación pasa por introducir en el régimen jurídico variables como la sostenibilidad de los recursos biológicos, el uso de la mejor y más reciente información científica o el enfoque ecosistémico, en consonancia con los acuerdos internacionales y los reglamentos europeos. El principio de sostenibilidad se incorpora de manera transversal en todo su articulado, abarcando tres aspectos interrelacionados de la misma: la conservación de los recursos pesqueros, la cohesión social y el empleo en las zonas costeras, y la actividad económica.
La ley facilitará la planificación empresarial en el sector, al tiempo que salvaguarda la sostenibilidad de la actividad pesquera ya que clarifica los requisitos para acceder a la actividad, redefine y ordena registros y censos. Además, actualiza los criterios de reparto de pesca y su transmisión e implementa mecanismos que permiten un uso más eficiente y flexible de las cuotas.
La norma introduce nuevos objetivos en materia de investigación pesquera y oceanográfica como la búsqueda de nuevos sistemas de explotación de los recursos pesqueros más sostenibles y respetuosos con el medio marino.
