Cinco de los seis interesados en hacerse con la planta de aluminio de Alcoa en San Cibrao, en Cervo (Lugo), han pasado “la primera criba” que implica la adopción de una cláusula de confidencialidad, mientras que el sexto “todavía puede hacerlo estos días”, según informó el comité de empresa.

Al término de una nueva reunión multilateral sobre este proceso, transcurrido ya más de un año del inicio del conflicto por la intención inicial de la multinacional de cerrar la planta, el Gobierno central le urgió a “que venda”. “Lo único que tiene que hacer Alcoa es vender, dejar paso a otro propietario que tenga licencia moral para operar en España, porque a Alcoa se le acaba ya su licencia moral”, afirmó el secretario general de Industria, Raül Blanco, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

Por su parte, la compañía apuntó que “mantiene su compromiso de avanzar en la venta a SEPI (la sociedad estatal de participaciones industriales), tras lo cual SEPI podría transferir la planta a un tercero”.

En este escenario, y con seis potenciales compradores, cinco de ellos han recibido el term sheet de Alcoa, “que es el mismo para todos”. Además, han recibido “informaciones genéricas y más específicas” sobre la planta, según apuntó el comité, tras lo que le comunicó ayer la empresa.

“Nosotros vamos a tener reuniones con tres de los seis compradores. Conoceremos los planes industriales y sobre todo los energéticos, que nos den viabilidad a largo plazo, para funcionar durante 20-25 años. Nos queda que los otros dos compradores se pongan en contacto con nosotros”, explicó el presidente de los representantes de los trabajadores, José Antonio Zan, antes de hacer un llamamiento a “seguir unidos, luchando” por el futuro de la fábrica.

Por parte del Ministerio de Industria, “ante la enésima reunión”, Blanco trasladó “varios mensajes claros”, el primero de ellos un reproche a que Alcoa “está enrocado en un proceso jurídico poniendo a SEPI y al Gobierno como excusa para no vender”.

Hay “al menos seis empresas interesadas en la compra de la planta” y para que ello se materialice “no es necesario la triangulación ni la intermediación del Gobierno, se puede realizar con total normalidad dentro del marco jurídico”, sostuvo el secretario general de Industria.

Al respecto, afirmó que “las administraciones estarán —tanto el Gobierno central como la Xunta— detrás de esa operación, dando todas las garantías necesarias para que esa venta se produzca y se intervendrá con todo lo necesario si eso se requiere y posteriormente se dará apoyo a la inversión del nuevo propietario”. Pero ve “absurdo y surrealista” y caer “nuevamente en las trampas” de Alcoa “si todo se condiciona a respuestas jurídicas, a procesos de meses anteriores, cuando ahora hay un proceso claro de seis licitantes que quieren comprar esa planta y lo único que tiene que hacer Alcoa es vender”.