Centenares de personas se manifestaron ayer en las calles de As Pontes para demandar “una transición energética justa, garantía de empleo y un compromiso claro con esta comarca por parte del Gobierno central, de la Xunta y también de Endesa” ante el cierre inminente de la central térmica, la de mayor potencia de España. Los sindicatos CIG, CCOO y UGT promovieron la protesta en demanda de alternativas y alertaron de que no “queda más que emigrar” por falta de empleo.

La marcha para exigir trabajo partió a las siete y media de la tarde de ayer del Ayuntamiento pontés y contó con el respaldo de centenares de vecinos y de dirigentes políticos de la comarca. El presidente del comité de empresa de la planta de carbón, Luís Pico, advirtió de que la plantilla se verá reducida ya este verano, pasando de 80 a 35 efectivos para operación y mantenimiento. Pico aseguró que el ambiente entre los trabajadores es de “inquietud total” ante la “comunicación verbal” del recorte, que se hará “oficial por escrito” hoy mismo. El anuncio “es duro”, considera el representante de la plantilla directa, si bien la mayor parte de los afectados serán recolocados en otras instalaciones de Endesa en el resto de España.

Más crudo lo tiene la industria auxiliar, que carece de garantías de empleo a partir del próximo día 30, fecha inicialmente fijada para el cierre de la instalación. Entre el personal de plantilla, una treintena de empleados esperan pactar un plan de salidas y otros tantos figurarán en el apartado de traslados forzosos.

Impacto en la comarca

El portavoz de UGT en la planta, Nicasio Pena, lamentó que están “cerrando comercios” en la villa y que van “a cerrar bares” ante la reducción de actividad de Endesa. Pena reclama que la Xunta busque un inversor que pueda promover el proyecto de biocombustibles sugerido por el propio Gobierno gallego como alternativa al cierre y que Endesa ha descartado ya por considerarlo inviable económicamente. “La Unión Europea va a poner condiciones a los vertidos de granjas”, argumenta Pena, por lo que a su juicio la quema de estos restos para producir electricidad como alternativa al carbón da viabilidad de este plan en el mercado. En su opinión, el documento presentado por el Ejecutivo autonómico está “bastante bien fundamentado” y se podría acometer “prácticamente de inmediato”. Este proyecto requeriría una inversión de 30 millones de euros para generar más de 100 empleos directos en la central, a los que habría que sumar industria auxiliar y transportistas.

“No puede ser que por dar garantías medioambientales, que lo hay que hacer, estemos poniendo en riesgo la continuidad y el futuro del empleo”, reflexionó Alberte Amado, de la CIG, cansado de que transcurra el tiempo “hablando de proyectos” sin que se concreten. El Gobierno ha abierto hasta el 4 de julio el proceso de participación pública del convenio de transición justa para As Pontes. Unas 700 familias viven de la actividad que genera la térmica en la zona.