La venta de Alcoa en A Coruña y Avilés “no se ha producido en los términos pactados” entre la multinacional y los trabajadores, “por lo que el acuerdo de despido colectivo alcanzado no se ha completado” y está “plenamente vigente”, de forma que “es exigible su cumplimiento” y la plantilla podrá cobrar las indemnizaciones (60 días de salario por año) y solicitar las recolocaciones que la empresa ofrecía en caso de extinción. Así lo establece la sentencia dictada ayer por la sala de lo Social de la Audiencia Nacional, que estima parcialmente la demanda de conflicto colectivo presentada por los sindicatos CCOO, UGT, CIG y CCP. La jueza condena a Alcoa, que “nunca dejó de ser el empresario real de los trabajadores” tras la compraventa, y absuelve a Alu Ibérica, la sociedad creó Parter y que gestiona las plantas en la actualidad, ahora propiedad de Grupo Riesgo. Todas estas firmas están investigadas también en la causa penal que todavía instruye la Audiencia para aclarar si hubo estafa en la venta y que mantiene las fábricas intervenidas desde mayo.
“El tribunal no tiene dudas de que ni el grupo Parter [que compró las fábricas a Alcoa en 2019] ni Grupo Industrial Riesgo [a quien el fondo suizo revendió las plantas en 2020] cumplen mínimamente el perfil de comprador serio, solvente y riguroso” que prometió la multinacional, concluye la jueza Marta Jaureguizar. La sentencia añade que, Parter y Riesgo no solo no dan la talla sino que “resulta palmaria la contribución de ambos a la situación de desolación en que se encuentran las plantas y sus trabajadores”.
La Audiencia analiza todo el proceso de compraventa de las plantas y su adquisición por parte del fondo de inversión suizo Parter Capital y su sociedad instrumental Blue Motion (en julio de 2019) y destaca que “ningún dato ofrece Alcoa ni en el proceso de venta y de su implementación posterior acerca de estas dos sociedades que permita siquiera inferir que cumplen con el perfil del comprador serio, solvente y riguroso que debe acreditar”.
Un acuerdo con dos vías
En una sentencia de 82 páginas, la magistrada desgrana el conflicto colectivo que vivieron las fábricas de aluminio de A Coruña y Avilés desde que Alcoa anunció su cierre, en octubre de 2018, y el despido de sus 688 trabajadores, 375 de ellos en A Coruña. La negociación del ERE —que inicialmente se suponía de extinción— se prorrogó hasta el 15 de enero y se zanjó con dos alternativas: o bien las plantas se vendían en seis meses o si esa vía fracasaba, se procedería a ejecutar el despido colectivo en los términos pactados.
Las condiciones acordadas entre Alcoa y los sindicatos en caso de extinción incluían 60 días de sueldo por año trabajado sin tope de mensualidades (muy por encima del mínimo legal) más una prima de 10.000 euros brutos a cada trabajador. También, prejubilaciones (obligatorias desde los 53 años) con un convenio especial con la Seguridad Social, un número variable de recolocaciones en la planta de San Cibrao (ahora en proceso de venta) y apoyos para la búsqueda de otro empleo a cargo de la firma Lee Hecth Harrison.
La magistrada señala como “datos especialmente relevantes” de ese pacto que Alcoa se compromete a valorar propuestas de “potenciales compradores serios, solventes y rigurosos”, se reserva en exclusiva las negociaciones y la decisión final de venta y asume el coste de 20 millones por planta para rearrancar las cubas electrolíticas si así lo decide el comprador, que ha de subrogar a la plantilla. Las electrólisis siguen apagadas en la actualidad. La sentencia establece que el proceso de venta, tal como se había pactado con los trabajadores “ha fracasado” porque no ha habido una reindustrialización de las plantas que permita la continuidad de los empleos y concluye que “no se ha logrado por causas imputables a Alcoa. En consecuencia, se activa la alternativa del acuerdo: “la extinción de las relaciones laborales en los términos, condiciones y plazos establecidos”.
El fallo, notificado ayer, establece cinco días de plazo para recurrir ante el Tribunal Supremo. CCOO destacó el “carácter histórico” de la sentencia y celebró que “se ha hecho justicia” con la condena a Alcoa. También UGT aplaudió el fallo y pidió, en consecuencia, un compromiso “real” de las administraciones con las fábricas.
“Fuimos engañados, la Justicia nos da la razón y el Gobierno no puede desaparecer: exigimos una salida industrial”
Los trabajadores de la fábrica de aluminio coruñesa recibieron ayer con alegría el fallo. “Siempre dijimos que Alcoa era la gran culpable y ahora la Audiencia Nacional lo corrobora”, afirma Juan Carlos López Corbacho, que mantiene su cargo de presidente del comité de Alu Ibérica LC pese a haber sido despedido. Todavía en plazo para presentar recursos de cara a buscar una “condena más amplia”, Corbacho remarca que lo fundamental es que “se constata un fraude de ley tremendo” en la venta de las plantas de Agrela y San Balandrán. “Alcoa nos estaba engañando, escogiendo a quien dejarle las plantas y financiando; si esto se demuestra, tiene que haber una regresión para hacer buscar a la multinacional la salida completa”, considera el líder sindical. La plantilla está satisfecha (parcialmente) con la resolución judicial, pero sabe que los jueces no resolverán el futuro de la fábrica. Por eso apela a la vía política porque “ya toca”.
Solución política
Corbacho recuerda que el pasado 15 de abril trabajadores de Alu Ibérica A Coruña y Avilés acudieron a protestar a Madrid ante la sede del Ministerio de Industria y el secretario general del ramo, Raúl Blanco, bajó a calmar los ánimos con la promesa de convocar la mesa técnica industrial para buscar una salida al conflicto de las dos factorías de aluminio vendidas en 2019 con la supervisión del Gobierno. “Exigimos que se convoque de inmediato”, reclama el portavoz de la plantilla de Alu Ibérica en A Coruña.
“Se nos ha engañado, se nos ha estafado, la Justicia nos da la razón y el Gobierno —añade Corbacho— entendemos que también ha sido engañado de alguna forma y si no, es parte del problema; ahora no puede desaparecer: exigimos una salida industrial”.
