Determinar si la venta de las fábricas de aluminio de Alcoa de A Coruña y Avilés fue una estafa le corresponderá a la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, pero la sentencia de la sala de lo Social que da la razón a los trabajadores sobre el conflicto colectivo marca el camino. El fallo emitido el martes recoge como hecho probado que “Alcoa nunca dejó de ser el empresario real de los trabajadores” y cifra en unos 65 millones de euros (concretamente 78,3 millones de dólares) los desembolsos realizados por la multinacional desde julio de 2019, momento en que vendió las plantas a Parter, hasta el pasado abril, cuando Riesgo llevaba ya un año como dueño.
El documento ahonda en que si bien Alcoa siguió financiando la gestión ordinaria (nóminas incluidas), apenas hizo efectiva la dotación prevista para obras que revitalizaran la actividad industrial. “De las cantidades inicialmente comprometida para realización de inversiones de diez millones de dólares por planta, solo se han desembolsado 3.307.239 dólares”, añade la jueza. “Parece obvio que la falta de ocupación efectiva deriva directamente y cuando menos del incumplimiento deliberado de estos compromisos de inversión y formación de los trabajadores”, recoge la sentencia en base a los informes de la Inspección de Trabajo.
En sus investigaciones en la fábrica de A Coruña los inspectores comprobaron que “un número considerable de trabajadores” que llegó a ser “de entorno a los 130” (más de un tercio de la plantilla) se encuentra “en situación de falta de ocupación de efectiva, traducida en unos niveles de ocupación diaria mínimos cuando no inexistentes” desde el momento en que se apagaron las cubas de electrólisis.
El conflicto en Alu Ibérica (antes Alcoa) se agravó en abril del año pasado, cuando el fondo de inversión suizo Parter Capital vendió la empresa a Grupo Industrial Riesgo. La reventa “constituía una de las llamadas acciones prohibidas” —señala la Audiencia— en el acuerdo que Alcoa firmó con los trabajadores para cerrar la negociación del ERE y cuando la multinacional americana tuvo noticia oficial de la operación entre Parter y Riesgo respondió públicamente con “consternación” y bloqueó su financiación, con un depósito ante notario de 9 millones de euros. Pero finalmente lo levantó ante la simple promesa de Riesgo de que cumpliría las obligaciones de comprador. “Nótese que en ningún momento y teniendo facultades para ello Alcoa decide rescindir el contrato ni siquiera instar acción en demanda de daños y perjuicios”, apunta la sentencia.
La Xunta pide “una solución industrial”
El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, calificó ayer de “positiva” la sentencia, al igual que el vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde, quien pidió al Ejecutivo central una “solución industrial”. Miñones apuntó que la resolución judicial constituye “un aviso” para la empresa, también en la planta de San Cibrao, en venta. “Vamos a seguir en la línea de estar al lado de los trabajadores, de garantizar puestos de trabajo, de seguir colaborando con ellos para que las ventas que se lleven a cabo se hagan con las máximas garantías”, afirmó. Los trabajadores se manifiestan hoy a las 12.30 horas ante la Delegación. Conde expresó “preocupación” porque en Alu Ibérica no hay “una solución industrial” . Así lo dijo en una visita a la Cámara de Comercio de A Coruña para abordar los retos de la recuperación económica posCovid.
