El Gobierno trabaja en “medidas provisionales” par a reducir el precio de la luz, según anunció ayer por la mañana la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y confirmó por la tarde el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. “Estamos trabajando en ver de qué manera dar respuesta a este incremento exorbitante del precio de la luz que necesita una respuesta por parte del Gobierno de España”, dijo Sánchez. El presidente aseguró tener “empatía con los consumidores y la industria” y avanzó que la respuesta llegará “más pronto que tarde”.

El precio de la electricidad en el mercado mayorista (denominado pool) lleva quince días en el entorno de los 80 euros el megavatio-hora de media, llegando en las últimas tres jornadas a superar los 90 euros (90,95 euros el martes, 94,63, ayer, y 93 euros hoy) por el alza del precio del gas natural en los mercados internacionales y de los derechos de emisión del CO2.

“Necesitamos una revisión (fiscal) en profundidad para dar señales congruentes, para que pague quien contamine (...) pero mientras esto ocurre es obvio que el Gobierno debe ser sensible con medidas coyunturales”, aseguró Ribera. Sus declaraciones invitan a pensar que el Ejecutivo se podría plantear suspender el impuesto a la generación eléctrica (7%) que pagan las empresas pero repercuten a los consumidores a través de la factura, como ya hizo en octubre de 2018. Después de un mes de julio y agosto con un precio medio de la luz de 60 euros el megavatio-hora y de 70 euros en septiembre, Ribera suspendió durante seis meses este gravamen para tratar de reducir la factura, dentro de un paquete más amplio de medidas que incluían la exención del denominado céntimo verde y dando un mayor soporte a los consumidores más vulnerables a través del bono social.

Con el precio de la luz por las nubes, la ministra Ribera, anunció ayer que dotará con 100 millones de euros “adicionales” la compensación a la industria por los costes indirectos del CO2. El incremento de esa ayuda —que se había quedado en 79 millones de euros para este año tras detraerse 30 millones en la negociación presupuestaria para al PNV— era una de las principales demandas de las grandes fábricas electrontensivas, como Alcoa, Megasa, Ferroatlántica, Xeal o Celsa Atlantic.

“Es un avance significativo, un paso en la buena dirección y una muestra de la sensibilidad del Gobierno hacia nuestra industria. Ese es el camino que hay que seguir y animamos al Gobierno a continuar emulando las prácticas de nuestros competidores”, señaló Fernando Soto, director general de la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía. Otras patronales, como la siderúrgica Unesid, prefirieron no valorar la medida “hasta que se confirme” puesto que otros anuncios realizados anteriormente, como el de destinar 91 millones de fondos europeos “se han evaporado”.