La condena a Alcoa por el conflicto colectivo con los trabajadores de A Coruña y Avilés, cuyos acuerdos quedaron vulnerados por una venta que la Audiencia Nacional considera fracasada, ha hecho al Gobierno marcar distancias con la multinacional en el proceso para deshacerse de la que es su última fábrica de aluminio en España, la de San Cibrao (Lugo). Nada más conocerse la sentencia esta semana, el secretario general de Industria, Raúl Blanco, cargó contra la compañía que en su día (1988) el Gobierno de Aznar eligió para privatizar la Industria Española del Aluminio (Inespal): “Es difícil hacerlo peor que Alcoa”, lamentó. Blanco ayer ni siquiera asistió a la reunión de seguimiento del proceso de venta de la planta de A Mariña. En su lugar, un representante del ministerio informó de que al Ejecutivo ya no le parece buena idea que la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) compre la factoría para revenderla luego un tercero, como había ofrecido en un principio. La subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez, advirtió a la dirección de Alcoa de que no cederá “al chantaje” y la instó a “dejarse de excusas y vender”.

“En la reunión de hoy [por ayer], a falta del secretario de Industria por motivos de agenda, un representante del Gobierno nos ha comunicado que no está dispuesto a meter a la SEPI” en la operación para la venta, explicó el presidente del comité de empresa, Antonio Zan. Ante este cambio de rumbo —que el Gobierno ya venía esbozando en las últimas semanas— el portavoz de la plantilla informó de ha pedido una reunión “urgente” con el “vicepresidente de la Xunta y la ministra de Industria”. “La Xunta ya nos ha dicho que no tiene problema, estamos esperando a que la ministra ponga la fecha”, apostilló Zan, que lleva un año al frente de la lucha para evitar los despidos y el cierre de la planta aluminera que Alcoa ya no considera suficientemente rentable, entre otras razones por el precio de la luz.

A criterio de los trabajadores de San Cibrao “es muy importante que la SEPI entre, porque es la garantía de que Alcoa no va a hacer lo mismo que hizo con A Coruña y Avilés”. Pero también porque “tiene que verificar que todo el proceso es real, y tiene decidir quién se hará finalmente con la planta”, precisó Zan.

El presidente del comité insistió en que los trabajadores no van a “bajar los brazos” y van a “seguir luchando” para que el Gobierno cumpla el mandato del Parlamento de Galicia y del Congreso, que es una “intervención pública temporal” de la planta para su venta a un tercero. Liberty, Sidenor, Aludium, Trafigura, Metalcorp y Aldel compiten por la fábrica.

Solución política en Agrela

Decenas de trabajadores de Alu Ibérica se concentraron ayer ante la Delegación del Gobierno en A Coruña y cortaron un carril para visibilizar su protesta por la desolación de la planta desde que Alcoa la vendió en julio 2019 a Parter y especialmente desde que el fondo suizo la revendió en abril de 2020 a Grupo Riesgo.

El comité coruñés aplaude la sentencia que obliga a Alcoa a indemnizar a la plantilla según lo pactado en el despido colectivo que no llegó a aplicarse por la venta. Ahora, a la vista del fallo, exige una solución política que abra una verdadera vía industrial. La subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, les trasladó su apoyo.