San Brandán y San Cibrao, los dos parques de 490 megavatios (MW) que Iberdrola tramita frente a las costas gallegas, serán probablemente los últimos proyectos de eólica marina que sigan su curso en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de momento. Están en exposición pública hasta el próximo 15 de julio. La compañía esboza las características técnicas, la ubicación, la previsión de producción de electricidad y un diagnóstico inicial del impacto, entre otras cuestiones, y, a partir de esa información, el departamento dirigido por Teresa Ribera concretará el alcance del estudio medioambiental que Iberdrola tendrá que presentar para autorizar o no la construcción. Con ellos, las solicitudes de reservas de zonas para el desarrollo offshore del negocio del viento en España suman una potencia total de 13.000 MW, a la espera de que el Gobierno y las comunidades delimiten las ubicaciones aptas. Los planes de ordenación del espacio marítimo (POEM) recién publicados dan una primera aproximación de los polígonos posibles para las plataformas flotantes —Ortegal, A Mariña y Val Miñor, en el caso de Galicia— y, una vez que acabe el periodo de alegaciones y sean definitivos, el ministerio hará “una reforma estructural de la normativa para la tramitación de instalaciones de generación de energía eólica marina”. Hasta entonces, no se admitirán nuevas solicitudes.

La moratoria va incluida en el real decreto con la rebaja temporal del IVA a la luz y la supresión del impuesto a la generación publicado ayer en Boletín Oficial del Estado (BOE) para atenuar el incremento disparado de la factura. Hoy mismo entra en vigor. “Es necesario evitar que las expectativas de este cambio normativo —justifica Transición Ecológica, en referencia a cómo se tramitarán los proyectos cuando se identifiquen las áreas de explotación de eólica offshore y el proceso de adjudicación de los espacios— provoquen un incremento exponencial de las solicitudes, con la consiguiente inseguridad jurídica”.

Desde el día 7, el ministerio sometió al trámite de audiencia e información pública el proyecto de real decreto por el que se aprueban los POEM en las cinco demarcaciones marinas españolas. Los planes recogen los usos que hay en este momento —desde la pesca, al tráfico marítimo, pasando por los hábitats protegidos— y las nuevas actividades a incorporar, sobre todo la energía del mar y las olas. “Este nuevo marco de ordenación del espacio marino —añade el equipo de Ribera— provocará que procedimientos de autorizaciones o concesiones que tuvieran como elemento común la adjudicación o reserva de zonas para el desarrollo de actividades en el espacio marino precisen ser revisados”.

En esa situación están las solicitudes de parques eólicos en el mar, dependientes hasta ahora de otro real decreto de hace 14 años que exige “una solicitud y otorgamiento mediante procedimiento de concurrencia competitiva de una reserva de zona” antes de formalizar la autorización administrativa. “A la luz de la nueva normativa de ordenación del espacio marítimo, resulta necesario realizar una reforma estructural de la normativa para la tramitación de instalaciones de generación de eólica marina, que tenga igualmente en cuenta la evolución del marco retributivo de las energías renovables y los avances tecnológicos”, remarca el ministerio.

La modificación abre la puerta al modelo de subastas para la explotación de cada polígono de offshore que figure en los POEM. La futura norma ajustará también el procedimiento actual a lo que dicte la Hoja de Ruta para el desarrollo de la Eólica Marina y las Energías del Mar, actualmente en elaboración.

La medida no afectará a las solicitudes presentadas ya, como ocurre con los parques de Iberdrola. De ambos resalta la compañía su carácter “pionero e innovador”. “La situación y la disponibilidad de recursos eólicos de Galicia convierten el territorio en una región aventajada para liderar la transición energética”, esgrime la multinacional de renovables, que subraya la importancia del “know-how regional” por la experiencia del astillero de Navantia en Fene y muchas auxiliares del sector del metal en la fabricación de jackets para sus parques en el norte de Europa y de plataformas flotantes para otras empresas. Los dos proyectos contemplan 34 aerogeneradores semi-sumergibles de 14 MW en una superficie de alrededor de 130 kilómetros cuadrados. San Cibrao se sitúa a 13,5 kilómetros de la costa entre Cabo Ortegal y Estaca de Bares y la producción anual estimada es de 1.500 GWh. San Brandán estaría frente a Cedeira y Cariño, a 12 kilómetros del litoral, y la generación ascendería a 1.600 GWh.

El BNG se opone a la ‘offshore’ en toda Galicia

El BNG pidió ayer que el litoral gallego sea declarado “espacio no apto” para captar energía eólica marina ante el impacto negativo para el sector pesquero y marisquero. La diputada autonómica Rosana Pérez reclamó la “retirada” de proyectos en ese ámbito y ha anunciado iniciativas de su formación en el Congreso y el Parlamento gallego, así como reuniones con sectores afectados para analizar las diferentes demandas contra el modelo eólico marino que, asegura, promueve el PP para beneficiar a “grandes empresas eléctricas” sin que los beneficios de la producción energética revierta en Galicia. La diputada nacionalista criticó el acuerdo en el Parlamento gallego entre PP y PSOE el pasado mayo para “abrir la puerta a la implantación de la eólica marina en la costa gallega”, rompiendo así el consenso político alcanzado en la Cámara gallega en mayo de 2009. La suspensión dictada por el Gobierno central a la tramitación de nuevos proyectos de eólica marina hasta que haya un nuevo marco regulatorio a su juicio da “la razón” al Bloque, que ha presentado alegaciones a los POEM.