Se le acaban las opciones al Gobierno para tratar de bajar el alza disparatada de la luz en la factura de los consumidores. Después de tocar parte de los costes regulados (peajes y cargos) y de reducir provisionalmente los impuestos, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha decidido poner el foco en el origen del problema: el mercado eléctrico. Ribera ha pedido a la Comisión Europea cambios en el diseño del mercado para evitar estos precios altos en el marco de la iniciativa Fit for 55.

Así se lo ha inquirido al vicepresidente Frans Timmermans en una carta fechada a finales del mes de junio. El mercado se rige por un sistema marginalista, diseñado en Europa, en el que la última tecnología que casa oferta y demanda es la que marca el precio y las últimas tecnologías suelen ser las más contaminantes, esto es, los ciclos combinados

Este mecanismo solo es "adecuado", a juicio de Ribera, cuando todas las energías se mueven en costes similares "pero no lo es cuando se produce una brecha muy grande entre formas de producción baratas y un pequeño margen de formas de producir electricidad con precios altos imputables al uso de combustibles fósiles y a la necesidad de pagar gases de efecto invernadero", según ha defendido durante su intervención en el Congreso de los Diputados que debe convalidar las medidas provisionales puestas en marcha por el Gobierno para reducir el precio de la factura. 

Si queremos asegurar el éxito de esta transición, debemos repensar el diseño de los mercados de la energía", dice en un extracto de la carta la ministra. Ribera se dirige en dos direcciones, por un lado, en conseguir "una asignación eficiente de recursos y la generación de señales de precios adecuada", pero también, "y muy especialmente, --dice-- una justa y equitativa distribución de los beneficios asociados a la transformación del mix de generación”.

En este sentido, Ribera explica a Timmermans que en España las centrales eléctricas no emisoras tienen dividendos “permanentes o pagos extra por un CO2 que no emiten” y “sin tener en cuenta el momento de su construcción”. Precisamente, el Gobierno inició hace unos meses el trámite de un anteproyecto de ley para reducir el 90% de esta sobrerretribución en el caso de aquellas centrales, en su mayoría nucleares e hidráulicas, instaladas antes de 2013. Las compañías eléctricas han puesto el grito en el cielo porque consideran, al contrario que Ribera, que estas centrales todavía no están amortizadas.

En los últimos tres años, las plantas de combustibles fósiles han disminuido del 25% al 10-12%, según la ministra; sin embargo, la rápida subida del precio del CO2 “está teniendo un gran impacto en las facturas de luz". "Los consumidores no entienden por qué los esfuerzos en el despliegue de energías renovables no se traslada de manera más directa e inmediata en facturas de la luz más bajas", añade la ministra.