El Ministerio de Consumo tendrá capacidad sancionadora contra los fraudes e incumplimientos de grandes empresas, anunció ayer el titular del ramo, Alberto Garzón, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que dio luz verde al trámite del anteproyecto de Ley del Ministerio de Consumo que actualizará la normativa de defensa de los consumidores. El objetivo es establecer un “desincentivo” a que las grandes empresas cometan abusos contra los consumidores porque afecten a la unidad de mercado de la competencia, que tengan incidencia en varios Estados miembros de la UE o en el ámbito de Internet, cuando el actor que actúa de manera ilegítima no resida en España.

Garzón puso como ejemplo el caso del diéselgate que dejó a 11 millones de usuarios de automóviles afectados en todo el mundo y que tuvieron que ser sancionados por países, pero en el caso de España se carecía del “instrumento para hacerlo”, según explicó. Entre otras cuestiones, serán sancionables por el Estado los incumplimientos o trasgresiones de los requisitos para evitar contaminaciones o conductas nocivas que puedan resultar gravemente perjudiciales para la salud pública, así como a alteración y adulteración de la composición y calidad de los bienes y servicios.