El fondo creado para el rescate de empresas estratégicas lleva meses casi paralizado. Dotado con 10.000 millones de euros, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) apenas ha concedido unos 1.000 millones, frente a unas peticiones que, como mínimo, llegan a los 4.000 millones, para salvar a las industrias más afectadas por la pandemia. La siderúrgica Celsa, que emplea a 140 personas en su planta coruñesa de A Laracha, lleva meses pendiente de un balón de oxígeno que podría llegar a los 700 millones y que no acaba de llegar. La plantilla coruñesa ha ido a la huelga en las últimas semanas para defender sus condiciones laborales y pedir garantías de futuro.
Lo cierto es que desde que estalló la polémica por la concesión de 53 millones a la aerolínea Plus Ultra, cuyo rescate ahora ha paralizado un juez, parece que todo está parado. De hecho, tras varios meses, la única ayuda aprobada esta semana ha sido al grupo industrial Tubos Reunidos, por importe de 112,8 millones.
La encargada de gestionar este fondo del Gobierno es la SEPI. Tras el apoyo concedido a Plus Ultra, la aerolínea que la oposición vincula a la Venezuela chavista (algo que la compañía niega), el ritmo de las ayudas ha caído en picado. El mecanismo de rescate, creado hace un año con el objetivo de auxiliar a compañías consideradas estratégicas de los estragos causados por la pandemia, ha beneficiado hasta ahora a Air Europa (475 millones de euros), operación que facilitó la compra por parte de Iberia. A esta le siguieron la agencia de viajes Ávoris (para acelerar la fusión de las divisiones de viajes de Barceló y Globalia, con 320 millones), la ingeniería asturiana Duro Felguera (120 millones) y, Plus Ultra Líneas Aéreas, a las que se ha sumado ahora Tubos Reunidos.
Larga lista de espera
La lista de espera de compañías que aspiran a obtener un balón de oxígeno público es larga y es dispar. Plus Ultra, con unas ventas que no llegan a 100 millones, ya la recibió, mientras que Celsa Group, la mayor siderúrgica de España, con una facturación de más de 4.000 millones, y pendiente de hasta 700 millones, sigue en la sala de espera.
El juez ha ordenado ahora suspender la entrega de 34 millones de euros que forman parte del rescate de la aerolínea, que debe justificar que los necesita para pagar a los proveedores. Esta cantidad se debía desembolsar el día 28 de este mes. La compañía dispone de cinco días para justificar este apoyo.
El rescate de Plus Ultra por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) va camino de convertirse en un auténtico culebrón. Tras la oleada de críticas políticas de la oposición ante el cuestionamiento a su consideración de “estratégica” y “viable”, su presunta vinculación con Venezuela y un supuesto “entramado societario” que ubicaría a la matriz en Panamá, ahora un juzgado ha ordenado suspender la entrega de los 34 millones del rescate que tenía previsto realizarse el 28 de julio hasta que la empresa acredite que realmente necesita el préstamo para pagar a sus proveedores.
En concreto ha sido la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, quien en un auto señala que el “desembolso de la cantidad de 34 millones como préstamo participativo prevista para el 28 de julio, dentro de un plan de viabilidad para la empresa Plus Ultra, debe ser justificada, habida cuenta la existencia de este procedimiento” judicial, según informó ayer la agencia Efe. La jueza da cinco días para remitir dicha información.
La instructora entiende que continuar con esta inyección de dinero en el plazo previsto arriesgándose a “una entrega no justificada” supondría “un menoscabo patrimonial importante sin posibilidad de restauración a una situación anterior”. “La teoría general de las medidas cautelares en el ámbito de delitos contra el patrimonio en un sentido amplio de peligro o urgencia de su necesidad, peligro en la mora y el fumus bonis iuris son aquí de aplicación, teniendo siempre un carácter provisional”, indica.
El pasado 9 de marzo, el Gobierno dio luz verde al rescate de Plus Ultra con 53 millones de euros en préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI. Fue la segunda línea aérea, tras Air Europa, en recibir ayuda de este fondo, creado en julio de 2020 para dar apoyo a empresas estratégicas solventes y viables a las que la pandemia ha puesto en una situación difícil.
Vox y PP, ambos personados en la causa, consideraron irregular un rescate que ha generado mucha polémica al tratarse de una aerolínea pequeña, desconocida en el sector y con una situación financiera compleja. Según Ciudadanos, uno de los partidos más críticos con la ayuda a esta aerolínea, Plus Ultra acumula números rojos desde que inició sus operaciones, en 2015. Tuvo pérdidas cercanas al millón de euros en 2016 y de algo más 680.000 euros en 2017; de 6,7 millones en 2018, y de 2,1 y 2,7 millones de euros en 2019 y 2020, respectivamente.
Mantener los puestos
La compañía asegura en un comunicado que acreditará la necesidad de los fondos. “Plus Ultra Líneas Aéreas acreditará debidamente, y en el plazo concedido por el juzgado, la necesidad de entrega de la financiación pendiente de disposición y recuerda que ya ha recibido el préstamo ordinario de 19 millones de euros concedido por la SEPI. La financiación restante es imprescindible para dar cumplimiento al plan de viabilidad de la compañía, tal y como se aprobó por el Fondo de Apoyo a la Solvencia gestionado por la SEPI, tras el grave impacto sufrido por la pandemia”.
Defiende que la ayuda “es necesaria para mantener los 354 puestos de directos y más de 2.500 indirectos que la aerolínea genera en España”. Recuerda que “toda esta información ya fue validada en el proceso de petición de financiación a la SEPI por la consultora Deloitte, el banco de inversiones Daiwa Corporate Advisory y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA)”. Y destaca finalmente que los tres informes “apoyaron favorablemente la concesión de la financiación pública”.
Entretanto, el tiempo pasa y la incertidumbre se cierne sobre Celsa Atlantic (la filial gallega de Celsa Group), a la espera de que el Gobierno alivie la delicada situación financiera del que es el primer grupo privado siderúrgico español y tercer fabricante de productos de acero de toda Europa.
