Alexandra Camacho Carrascal, socia de David Domenech en la entidad comercial Grupo Industrial Riesgo y directora ejecutiva en las fábricas de aluminio intervenidas de Alu Ibérica (antigua Alcoa), ha pedido la baja voluntaria de la nómina, según ha podido saber este periódico. Camacho fue una de las cuatro personas detenidas en marzo en la operación policial que llevó a cabo el grupo de blanqueo de capitales de la Unidad de Delitos Económicos (UDEF) de la Policía Nacional tras registrar los centros de trabajo, incluidas las fábricas de A Coruña y Avilés, un dispositivo encuadrado en el proceso de instrucción de la causa penal por supuesto fraude y descapitalización en el proceso de venta y que abocó a la intervención judicial de las dos fábricas, una medida cautelar que en los próximos días será superada por la entrada de un administrador judicial, que tomará el control para evitar el saqueo.
Alexandra Camacho fue contratada por su propia empresa esta pasada primavera con un sueldo de 47.000 euros brutos y ha firmado comunicados bien como directora ejecutiva, bien como directora financiera (este último cargo, desde la entrada de los investigados en las plantas de producción). Los interventores que envió la Audiencia Nacional pusieron en duda la relevancia de su nómina en tanto en cuanto las actividades que decía realizar por las fábricas. Su cese estará acompañado de un finiquito.
Cambios esta semana
Los directivos de Riesgo han sido apartados de la gestión de Alu Ibérica por orden de la Audiencia Nacional como medida cautelar dentro de la causa penal que investiga la jueza MaríaTardón por supuestos delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, delito contra la seguridad de los trabajadores y asociación criminal por la operación de venta de las plantas de aluminio de A Coruña y Avilés de Alcoa a Parter Capital el 31 de julio de 2019 y la posterior reventa del fondo suizo a Grupo Riesgo en abril del año pasado.
Ante el riesgo de insolvencia de Alu Ibérica por la descapitalización de la que la jueza ha hallado indicios, la Audiencia Nacional ha encomendado al abogado coruñés Ramón Juega que ejerza de administrador judicial de la empresa, apartando así de sus funciones a los gestores de Riesgo. La entrada del administrador se producirá a lo largo de la semana que viene.
Una vez producido este movimiento judicial, el Gobierno ha dado el paso de activar un grupo de trabajo para buscar una nueva salida industrial junto a Xunta, Principado y trabajadores. El miércoles se reunirán por primera vez.
