El compromiso de Alcoa de mantener el empleo y financiar las nóminas de los 600 trabajadores de las fábricas de aluminio de las que se deshizo en A Coruña y Avilés (actual Alu Ibérica) ha llegado a su fin. El blindaje laboral ligado a la venta al fondo suizo Parter Capital (que luego revendió a Grupo Riesgo) establecía una plazo de dos años que se cumplieron ayer. “No sabemos lo que va a pasar ahora”, afirma el presidente del comité de empresa, Juan Carlos López Corbacho, quien asegura que la plantilla está “muy intranquila”, dada la compleja situación de la empresa, con sus gestores investigados por indicios descapitalización. Los 300 empleados de la aluminera de A Grela llegan a este punto de inflexión con la nómina del mes de julio pendiente de pago —“debía haberse abonado el jueves y está sin cobrar,” apostilla Corbacho— y con la extra de verano también impagada —tenía que haberse ingresado en junio—, a lo que se suman otros pagos pendientes a algunos operarios. El comité pedirá una reunión urgente con el administrador judicial en cuanto tome posesión para aclarar la situación financiera de la empresa y tratar de despejar las dudas sobre el pago de los salarios. “La situación en la planta es dramática, no podemos estar tranquilos” concluye Corbacho.
Las cuentas de la empresa preocupan y mucho a los trabajadores. Es precisamente el riesgo de insolvencia el que ha llevado a la Audiencia Nacional a tomar la medida cautelar de apartar a los gestores de Grupo Riesgo y nombrar un administrador judicial que controle las plantas, ante las irregularidades que detectaron los administradores judiciales nombrados en mayo tras el registro que derivó en la detención del dueño de Riesgo, Víctor Rubén Domenech, y otros cuatro directivos de la compañía investigada junto a Alcoa y a Parter. La medida cautelar de la administración judicial se extiende a varias filiales de grupo Riesgo, sobre las que la Justicia trata de aclarar su presunto papel a la hora de detraer capitales de Alu Ibérica.
En el plano político, la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, instó ayer a Alcoa a que “asuma el coste de los trabajadores hasta que la crisis se clarifique”. “Eso no es exactamente así”, matiza Corbacho, ya que el acuerdo firmado entre los sindicatos y la multinacional en 2019 ha expirado. “No hay más solución que irnos a cobrar el paro”, pronosticaba ayer en tono fatalista el comité asturiano. La plantilla coruñesa espera que el administrador encuentre los fondos para poder pagar los sueldos mientras se busca un nuevo escenario industrial. Entre otras posibilidades, Corbacho señala que los 20 millones de dólares comprometidos por Alcoa para reactivar las plantas (una cantidad que los sindicatos acaban de pedir a la juez que requiera a la multinacional) se pueden utilizar como “capital circulante” según lo firmado, con lo que supondrían un colchón para asumir las nóminas mientras dura la parálisis industrial. El miércoles Xunta, Gobierno y sindicatos tendrán la primer reunión del grupo de trabajo para buscar un nuevo proyecto con otro inversor.
Los acuerdos laborales de Alcoa que expiraron ayer han sido ya objeto de una condena contra la multinacional, ya que la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional consideró que se vulneraron porque la venta se hizo a inversores que no eran solventes. Mientras, la causa penal sigue su proceso de instrucción para determinar su hubo estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, delito contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal en la venta de Alcoa a Parter y la reventa a Riesgo.
El coruñés Ramón Juega administrará Alu Ibérica desde esta semana
El culebrón industrial de la antigua planta de Alcoa en A Coruña entra esta semana en una nueva fase. El abogado coruñés Ramón Juega tomará posesión como administrador judicial de Alu Ibérica, con lo que tendrá el control de las fábricas de aluminio tanto coruñesa como asturiana para evitar la supuesta descapitalización que Grupo Riesgo (actual propietario) estaría llevando a cabo según los indicios que ha apreciado la Audiencia Nacional. Juega releva así a los seis interventores judiciales que comenzaron a vigilar las plantas en el mes de mayo. La de ahora se trata igualmente de una medida cautelar, pero de mayor calado, decretada por la jueza María Tardón, que instruye la causa penal por supuestos delitos ligados a la venta, la reventa y el saqueo de las plantas. En un auto fechado el pasado martes, la magistrada marca un plazo de cinco días para que Juega se incorpore como administrador judicial de Alu Ibérica. El comité de empresa tiene constancia todavía no ha tomado posesión, por lo que habrá de hacerlo esta semana.
Los sindicatos piden a la juez que Alcoa deposite los 20 millones que comprometió para las cubas
Los sindicatos CCOO y Confederación de Cuadros Profesionales (CPC) han solicitado de manera urgente a la Audiencia Nacional que requiera a Alcoa el pago de 20 millones de dólares (diez millones por fábrica) para cumplir sus compromisos de inversión en las plantas de A Coruña y Avilés. En el momento de la venta, hace dos años, la multinacional americana se comprometió a consignar esos fondos para la futura reactivación de las cubas de electrólisis, consideradas el corazón de la fábrica, ya que es en ellas donde se produce el aluminio primario a partir de la alúmina. Estas cubas están paradas en A Coruña desde febrero de 2019, cinco meses antes de la venta, y los compradores hasta el momento han descartado reactivarlas argumentando que el alto precio de la energía en España lo hace inviable. El escrito de Comisiones Obreras, al que ha tenido acceso este periódico, solicita a la Audiencia que requiera “el pago a Alcoa Inespal SLU a través de su representación judicial y personalmente a través de la policía judicial para la consignación de la cantidad de 20.000.000 de dólares” y que lo haga de forma “extremadamente urgente”.
