El Gobierno ha repartido ya entre las comunidades autónomas más del 70% de los 10.500 millones de fondos europeos que anunció el presidente Sánchez que les correspondían este año. En concreto, según ha avanzado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al término de la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación se han asignado un total de 7.230 millones y otros 200 adicionales "están en camino".

La fórmula para el reparto de los fondos europeos, a diferencia de otros mecanismos como el Marco Financiero Plurianual o el React-EU, varía según la política a la que están destinados. Es decir, las comunidades autónomas no reciben un porcentaje fondos sobre la base de su población, PIB o cualquier otro criterio habitual y ellas programan las medidas, sino que en este caso Bruselas ha marcado unas pautas que el Gobierno ha concretado a través del plan de recuperación y, dependiendo de las competencias, serán gestionadas por el Gobierno, comunidades o ayuntamientos, según ha defendido Montero.

En el caso del dinero que corresponde a las comunidades, esos 10.500 millones de euros anunciado por Sánchez, el criterio de reparto se define entre Gobierno y comunidades autónomas en las conferencias sectoriales de cada materia. "Las comunidades autónomas están acostumbradas a una cantidad determinada que se asigna por comunidad (...) Esto es un proyecto de país y el país es mucho más que la suma de las comunidades. De hecho, la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) también reivindica protagonismo en relación con los fondos", ha explicado Montero. Por ejemplo, en el caso de ayudas a la agricultura las comunidades autónomas y el Gobierno acuerdan los criterios de reparto en la Conferencia Sectorial de Agricultura, mientras que para las políticas de vivienda se reparten en la Conferencia Sectorial de Vivienda. "Y luego el Gobierno vela porque haya cohesión territorial, es decir, una cohesión razonable. No tendría sentido que en agricultura la distribución de los fondos no tenga nada que ver con las hectáreas agrícolas que tenga cada comunidad autónoma", ha añadido.

La ministra ha pedido a los consejeros dejar el "ruido" político de sus declaraciones al pedir públicamente una mayor participación de sus regiones en la gestión de los fondos y "remar en la misma dirección" que el Gobierno para un reparto que "está siendo efectivo en las conferencias sectoriales". En concreto, se han repartido ya, a través de estas reuniones sectoriales, 1.631 millones de euros para políticas de transporte; 1.410 millones en educación para la modernización de la formación profesional o la reducción de la brecha digital, según ha apuntado Montero; 1.087 millones en transición ecológica para políticas como la normativa de residuos, el tendido eléctrico, daños en la fauna o la mejora del servicio de saneamiento; 731 millones en políticas de cuidados; 688 millones en empleo y asuntos laborales "priorizando las policitas activas de empleo", y 399 millones en sanidad, para equipos de alta tecnología sanitaria. Además, las conferencias sectoriales del Igualdad, Cultura y Justicia deben repartir cada una de ellas otros 90 millones de euros.

A estas cifras hay que sumar los distintos repartos autorizados por el Consejo de Ministros a través de reales decretos como el Plan Moves de 800 millones de euros y 660 millones para autoconsumo y almacenamiento que también se reparten por regiones. Además, el Ejecutivo prevé aprobar "en breve" 118 millones en digitalización de la administración pública, así como otras relativas al sistema universitario y la rehabilitación energética de edificios. "Estamos en camino de cumplir con los 10.500 millones que el presidente comprometió en la Conferencia de Presidentes que se celebró en Salamanca", ha reivindicado Montero.

Seguimiento de los proyectos

El Gobierno ha desarrollado un sistema de gestión y otro de información para hacer el seguimiento de las medidas que serán "referencia obligada" para la información y el control, así como para acreditar el grado de ejecución de los diferentes componentes a la Comisión Europea, quien no penalizará a una comunidad o ayuntamiento determinado sino al conjunto del país si alguna de las partes no concluye en tiempo y forma lo comprometido. Por ello, el Gobierno establecerá 'hitos' intermedios que las distintas regiones deben ir cumpliendo. La ministra ha puesto como ejemplo un hipotético compromiso de construcción de 7.000 depuradoras para el saneamiento de aguas por parte de España. Si alguna de las comunidades tiene dificultad para avanzar en la construcción de su depuradora se pondría en riesgo el resultado final del proyecto y, por tanto, al país en su conjunto. En este caso, el resto de comunidades deberá hacerse cargo para impulsar esas inversiones.