El grupo de trabajo impulsado por el Ministerio de Industria junto a los Gobiernos autonómicos de Galicia y Asturias para propiciar una salida industria a Alu Ibérica echó a andar ayer con su primera reunión. Representantes del departamento de Reyes Maroto se reunieron por vía telemática con los miembros del comité de empresa de las dos plantas (A Coruña y Avilés) y con los responsables del ramo de Xunta y Principado. Por el lado gallego, participó directamente el vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde. El encuentro virtual comenzó pasadas las cuatro de la tarde y se prolongó durante una hora y cuarto. En él tuvo presencia también el Cesce (Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación), que según avanzó la ministra podría aportar financiación para el nuevo proyecto.
A la espera de que el administrador judicial nombrado por la Audiencia Nacional evalúe la situación financiera y estructural de las dos fábricas que Alcoa vendió en 2019, el grupo de trabajo activado ayer por el Gobierno, la Xunta, el Principado y la representación de los trabajadores ha comenzado a elaborar un documento que servirá como hoja de ruta para vender Alu Ibérica a un grupo industrial solvente que garantice la producción de aluminio (el comité apuesta por recuperar el primario reactivando las cubas de electrólisis) y el futuro de los puestos de trabajo, en la actualidad unos 600 (300 por cada factoría).
“Lo que estamos detallando son las posibilidades y las necesidades que tienen las plantas de cara a sacarlas a ese posible escenario de venta”, explicaba el presidente del comité de empresa de la planta de A Grela, Juan Carlos López Corbacho, a la salida del encuentro. El líder sindical coruñés apostillaba que la información que se maneja en estas reuniones es “sensible” y que los encuentros deben tener un cariz cada vez “más técnico” y menos político para lograr el fin.
Después de meses reclamando una vía política que favoreciese la salida industrial, la plantilla coruñesa da por bueno este comienzo y urge a trabajar sin pausa ante la “crítica” situación de las plantas de aluminio, controladas de manera cautelar por la Justicia debido a los indicios de descapitalización por parte de Grupo Riesgo, actual dueño.
Según explicó Corbacho, la fecha de la próxima reunión ha quedado en el aire, pendiente de que el administrador judicial nombrado por la Audiencia Nacional, el abogado coruñés Ramón Juega, tome posesión de su cargo. “En cuanto se incorpore le solicitaremos una reunión y le pediremos información de la situación de las plantas; después, tendremos una nueva cita del grupo de trabajo”, detallaba el representante de la plantilla coruñesa.
La ministra de Industria admitió la semana pasada en A Coruña que la venta realizada hace dos años de Alcoa a Parter Capital (el fondo suizo que a su vez revendió Alu Ibérica a Grupo Riego el año pasado) en un proceso supervisado por el Gobierno fue “nefasta” para los trabajadores y para Galicia.
Cumplidos dos años de esa operación y con Alcoa, Parter y Riesgo investigadas por posible estafa, Maroto expresó el actual compromiso del Gobierno con la búsqueda de “alternativas industriales”, a la vez que aseguró que el Ejecutivo exigirá “responsabilidades” a Alcoa por su “expolio” y “la venta a un inversor no solvente”. “Tenemos que demostrar que hay un proyecto industrial, trabajando también con el administrador judicial para conocer cuál es la situación de la planta desde el punto de vista de la solvencia”, avanzó.
UGT pide permiso a la Audiencia para destinar un fondo de 30 millones de dólares a las plantas y sus trabajadores
El sindicato FICA-UGT ha pedido a la Audiencia Nacional comunicar a la Administración Judicial la existencia de un activo financiero por valor de 15 millones de dólares por cada planta (A Coruñay Avilés) —30 millones de dólares en total—para emplearlo “conforme a las actuales necesidades” de cada factoría y sus trabajadores, lo que permitiría asegurar el pago de los salarios. En un escrito remitido al Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, UGT asegura que entre los compromisos adoptados entre Alcoa y la representación social en 2019 para la transmisión de las plantas a otro propietario estaba el de proporcionar “un apoyo financiero irrevocable de 15 millones de dólares por cada planta”. Este fondo estaría, relata la misma fuente, “a disposición de sus titulares por un periodo mínimo de dos años”. Además, añade que el 31 de julio de 2019 Alcoa Inespal SLU y Blue Motion Technologies Holding AG suscriben un contrato en el que se indica que el comprador ha concertado con un banco “las facilidades crediticias por valor de 15 millones de dólares por cada planta, es decir que, a dicha fecha de 31 de julio de 2019, ya se dio cumplimiento a la citada financiación”.
