El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de ley con un primer bloque para la reforma de las pensiones que incluye la revalorización automática de las prestaciones de acuerdo con la inflación media del ejercicio anterior y medidas para acercar la edad efectiva a la edad legal de jubilación.
El proyecto de ley es fruto del acuerdo alcanzado con los agentes sociales a finales de junio, ha recibido el visto bueno del Consejo Económico y Social (CES) y ahora será enviado al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria con el objetivo de que las medidas sean efectivas a partir del 1 de enero próximo. A pesar de las reticencias sobre el proyecto de ley expresadas por ERC, PNV y EH Bildu, que podrían poner en peligro la aprobación de la reforma, la ministra portavoz Isabel Rodríguez, confió en que la tramitación sí saldrá adelante.
“Es un proyecto avalado por el diálogo social y eso debería ser tenido en cuenta por los grupos políticos”, dijo Rodríguez en la rueda de prensa posterior a la primera reunión del Consejo de Ministros tras la pausa estival. La ministra explicó, además, que el contenido del proyecto da respuesta al acuerdo adoptado en el marco del Pacto de Toledo en 2020 con el apoyo mayoritario de todos los grupos (solo votó en contra la CUP, mientras que Vox, ERC, EH-Bildu, Foro Asturias y el BNG se abstuvieron). Y desde esta perspectiva concluyó que el proyecto de ley podrá lograr los apoyos políticos necesarios para salir adelante “sin perjuicio de que es susceptible de ser mejorado en el Congreso”, durante su tramitación.
Claves de la reforma
La nueva norma prevé que el 1 de enero de cada año se incrementarán las pensiones de acuerdo con la inflación media anual registrada en el ejercicio anterior. En el caso de que se produzca un año de IPC negativo, la cuantía de las pensiones quedará inalterada.
Respecto a la jubilación anticipada, los coeficientes reductores se aplicarán sobre la cuantía de la pensión (no, sobre la base reguladora) y se penalizará más que ahora el adelanto dos años antes de la edad legal o en los tres meses previos (para el resto de los casos, se reducen los coeficientes)
Además, para acercar la edad real de jubilación a la legal (66 años, en la actualidad) el proyecto dispone un sistema de incentivos para demorar el retiro, ya sea con un porcentaje adicional del 4% cada año o con un cheque anual de hasta 12.000 euros. Además se prohíbe en los convenios la jubilación forzosa antes de los 68 años.
Para que las cotizaciones dejen de financiar gastos no contributivos (“impropios”), los Presupuestos inyectarán 22.000 millones a la Seguridad Social en 2022.
Clases pasivas
Como novedad, después de la aprobación del anteproyecto de ley en el Consejo de Ministros del 6 de julio y de haber sido dictaminado por el CES, el proyecto de ley aprobado este martes extiende a los pensionistas de las clases pasivas las medidas generales sobre revalorización de las prestaciones de acuerdo con el IPC, así como el sistema de incentivos para la jubilación demorada. Esta modificación beneficiará a los alrededor de 671.000 jubilados procedentes del sector público estatal o militares con una nómina total de 1.220 millones de euros al mes para el conjunto de todos ellos.
Lo más difícil, pendiente
El proyecto de ley aprobado ese martes deroga el factor de sostenibilidad heredado de la reforma del 2013 (que reducía la cuantía de la pensión con la mayor esperanza de vida) y se da de plazo hasta el 15 de noviembre para negociar con los agentes sociales un nuevo “factor de equidad intergeneracional” que debería entrar en vigor en 2027. En caso de no llegar a un acuerdo social sobre este punto, el Gobierno podrá legislar por iniciativa propia. En esa recta final de año también se negociará el nuevo sistema de cotizaciones de los trabajadores autónomos para que tributen en función de sus ingresos. La difícil negociación de esos elementos coincidirá en la última parte del año con la tramitación parlamentaria del primer bloque de pensiones aprobado ayer en el Consejo de Ministros.
Carlos Cuerpo, nuevo secretario del Tesoro
El Consejo de Ministros confirmó ayer el nombramiento de Carlos Cuerpo como secretario general del Tesoro y Financiación Internacional en sustitución de Carlos San Basilio, que será el nuevo director ejecutivo de estrategia corporativa del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD). Cuerpo asciende desde su puesto de director general de Análisis Macroeconómico del departamento dirigido por la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, quien en los últimos meses ha visto salir a varios estrechos colaboradores como su jefa de gabinete, Carmen Balsa. y la secretaria de Estado de Economía, Ana de la Cueva. Licenciado en Economía por la Universidad de Extremadura, doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid y máster por la London School of Economics, Cuerpo ingresó por oposición en el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado en 2008. Entre 2008 y 2011 fue analista económico en el Ministerio de Economía en época del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Entre 2011 y 2014, trabajó en la dirección general de Asuntos Económicos y Financieros en la Comisión Europea. En 2014 se incorporó la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). En febrero del año pasado, se incorporó al actual Ministerio de Asuntos Económicos.
