Las plantas de aluminio de A Coruña y Avilés están oficialmente sin actividad desde las 14.00 horas del viernes. El administrador judicial que la Audiencia Nacional designó para controlar de forma cautelar Alu Ibérica (antigua Alcoa) ante los indicios de saqueo de sus gestores (Grupo Riesgo) comunicó ayer a la plantilla su decisión de cerrar las fábricas de forma temporal hasta que aclare el estado de las cuentas y se den las condiciones de seguridad y suministro necesarias para reanudar el trabajo. La totalidad del personal, unos 300 empleados por planta, se ha ido a casa con un permiso retribuido.

El detonante ha sido el conflicto con la empresa que venía prestando el servicio médico, que tras reiterados impagos ha optado por suspender la actividad, dejando la fábrica sin cobertura sanitaria. Esta situación se suma a la espantada de la subcontrata de limpieza (Logiplus, del mismo grupo Riesgo) que decidió romper su relación antes de tiempo y cerró (sin acuerdo) la negociación con las trabajadoras para su despido colectivo, dejando las instalaciones sin ningún tipo de desinfección desde este momento. La ausencia de servicios básicos se suma al desabastecimiento de material que imposibilita desde hace ya mes y medio la producción, a consecuencia de los constantes problemas de pago a proveedores por parte de Riesgo.

Ramón Juega Cuesta, el letrado coruñés nombrado por el Juzgado Central Número 3 de la Audiencia Nacional para administrar Alu Ibérica, notificó pasadas las 13.30 horas la orden de cese temporal de la actividad industrial de las dos instalaciones alumineras de las que Alcoa se desprendió en 2019, en un proceso que ahora está siendo investigado por posible estafa. Esta orden se ejecutó con efecto inmediato, de manera que el turno de la tarde ya no entró a trabajar.

La decisión de Juega se había venido cocinando a lo largo de esta semana. En un principio, se planteaba dejar solo el turno de mañana, pero finalmente se suspende toda actividad. El administrador explicó que se vio obligado a dar la orden para procurar dar respuesta “a la grave situación” en que están las históricas instalaciones fabriles de Agrela y San Balandrán tras el paso sobre ellas de Víctor Rubén Domenech (dueño de Riesgo) y de su socia Alexandra Camacho. Ambos están siendo investigados por la Audiencia Nacional como presuntos autores estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, delito contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal, junto a otros directivos.

Juega explicó que “se ha encontrado la empresa con falta de actividad y con incertidumbre sobre el estado exacto de liquidez disponible que supone que actualmente no se puedan garantizar a los trabajadores la prestación de los servicios médicos, prevención y limpieza (entre otros), los cuales resultan necesarios para el desarrollo de una actividad ordinaria de forma correcta y segura por los trabajadores”.

“Gravísima situación”

El comité de empresa de Alu Ibérica A Coruña detallará hoy su valoración sobre la “gravísima situación” de la planta a partir del “cese temporal de toda actividad en la empresa” decretado por el administrador ante la incertidumbre financiera y “los graves problemas que esto supone para mantener en estado optimo las condiciones de salud y seguridad de las trabajadoras y trabajadores”, expuso por la tarde en un comunicado.

La situación actual se enmarca en la instrucción judicial que dirige la jueza María Tardón para saber si Grupo Riesgo acordó vaciar las cuentas de las fábricas con el propósito de desmantelar las instalaciones y llevar la empresa a la quiebra. Esta causa penal se cierne tanto sobre los actuales dueños de las fábricas (Riesgo) como sobre Alcoa y el fondo Parter Capital, que actuó de intermediario entre la multinacional americana (en 2019 compró las instalaciones por un dólar) y los actuales gestores (a quienes vendió las plantas en 2020 por 13 millones de euros).

Las limpiadoras se van para casa sin cobrar 

“Es muy triste que después de tantos años viniendo a limpiar a la fábrica nos echen así y que ni siquiera vayamos a cobrar el despido ni los sueldos que nos deben”. Dolores Domínguez, representante sindical de las limpiadoras de la fábrica de aluminio coruñesa lamentaba ayer la “impresentable” situación en la que ella y el resto de trabajadores de Logiplus en Alu Ibérica (14 entre A Coruña y Avilés, en su mayoría trabajadoras) dejan de prestar el servicio de desinfección industrial. La filial multiservicio de Grupo Riesgo cerró sin acuerdo el periodo de consultas del ERE (expediente de regulación de empleo) y reiteró que no tiene dinero para pagar los despidos ni las nóminas que adeuda. Domínguez ha tratado de ponerse en contacto con el administrador judicial en busca de alguna vía que permita a las empleadas cobrar. Logiplus argumenta que no podrá hacerlo mientras tenga las cuentas bloqueadas (está siendo investigada por la Justicia por su posible participación en la trama de saqueo de las fábricas) y mientras Alu Ibérica (que pertenece a su mismo grupo) no le pague facturas. Las limpiadoras coruñesas terminaron su última jornada con este devastador mensaje y con más de cuatro mensualidades pendientes de cobro: la nómina de julio, la de agosto, la extra de verano, la extra de febrero, parte de la Navidad y horas de enero. Si el ERE completa su tramitación en los plazos reglamentarios con la autoridad laboral, el despido masivo será efectivo con fecha del 18 de septiembre. Hasta entonces, las trabajadoras han sido obligadas a disfrutar vacaciones pendientes o en caso de no tenerlas, a acogerse a un permiso supuestamente retribuido pero que tampoco cuentan con cobrar dada la situación de aparente insolvencia de la empresa. Domínguez da por hecho que tendrán que recurrir al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y lamenta la entrada de Grupo Riesgo, que subrogó en diciembre a las limpiadoras con su filial Logiplus una vez que expulsó de la planta a Jofrasa con impagos.