El personal de limpieza de Alu Ibérica, subcontratado a través de la filial de Grupo Riesgo Logiplus, decidió ayer en una asamblea en la fábrica de aluminio de A Coruña que firmará este mediodía el cierre del periodo de consultas del ERE (expediente de regulación de empleo) sin acuerdo. Su compañeros de la planta gemela de Avilés realizaron ya este trámite, con el que Logiplus Worldwide SL quiere desligarse de Alu Ibérica y deshacerse de toda la plantilla que subrogó el pasado diciembre. Aunque en un principio la empresa había comunicado a los 14 trabajadores (siete por planta) su intención de ejecutar los despidos con fecha de hoy, finalmente la empresa multiservicio de Riesgo lo aplaza al 18 de septiembre.

El despido masivo es inminente a la espera de la autorización de la autoridad laboral. Logiplus rechazó la propuesta de las trabajadoras de cambiar el ERE por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). “No lo aceptaron, nos dicen que son muchos gastos y que va adelante el ERE porque no tienen dinero”, explica la delegada sindical de las limpiadoras de la fábrica de aluminio coruñesa, Dolores Domínguez. Su mayor preocupación no es ya quedarse sin trabajo, sino marcharse de la factoría de la antigua Alcoa sin cobrar la liquidación que les corresponde y las nóminas pendientes de pago. Logiplus les ha avanzado que no tiene liquidez para afrontar ese gasto.

Las trabajadoras llevan años acudiendo a limpiar la instalación aluminera de A Grela, primero con Alcoa en la gestión (hasta 2019), luego con Parter Capital (2019-2020) y ahora con grupo Riesgo (desde 2020). Siempre han estado contratadas por una empresa externa, que hasta el pasado diciembre era Jofrasa, una firma asturiana que se vio obligada a rescindir el contrato con Alu Ibérica por los impagos. Fue entonces cuando entró Logiplus, que pertenece al Grupo Riesgo igual que Alu Ibérica y está ligada a Diego Peris Sirvent. Este directivo fue detenido en marzo junto al dueño de Riesgo, Víctor Rubén Domenech, y otras tres personas en el marco de la investigación de la Audiencia Nacional por la presunta estafa en el proceso de venta de las fábricas de Alcoa.

Sin paro ni salario

Las trabajadoras toman como una mala noticia que la fecha del despido colectivo se aplace al 18, ya que la dirección de la empresa les ha avanzado que no tendrá dinero para pagar. “Con esos plazos no vamos poder cobrar el paro hasta noviembre y nos deben la nómina de julio, la de agosto, la extra... ¿qué hacemos todos estos meses sin cobrar? Venimos a trabajar porque tenemos hijos y porque tenemos que comer y estamos sin cobrar. Es de pena. No entiendo cómo han podido permitir que esta gente [Grupo Riesgo] se instalara aquí, han venido a hundir la fábrica”, lamenta Rodríguez.

Las limpiadoras de Alu Ibérica asumen que tendrán que recurrir al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) para poder cobrar al menos una parte de los sueldos que les adeuda Logiplus, pero para eso habrán de esperar a la ejecución del despido colectivo y dejar transcurrir los plazos reglamentarios de reclamación. “Podemos tardar un año en cobrar”, calcula la representante sindical. Dominguez añade que cabe la posibilidad de que la Justicia declare nulo el ERE, pero ni siquiera esa posible victoria sirve a las trabajadoras. “Si fuera así, volveríamos a estar en Logiplus, y eso es lo peor”, expone la delegada sindical que a las doce de la mañana de hoy firmará el ERE sin acuerdo.

Parar la fábrica mientras el administrador busca dinero

Ramón Juega, el administrador judicial de Alu Ibérica, ha comunicado a los trabajadores su intención de “parar la fábrica” mientras se afana en desliar la madeja generada por los propietarios, ahora investigados y sin pasaporte, por orden del Juzgado Central Número 3 de la Audiencia Nacional. El primer paso de Juega Cuesta para aclarar la gestión de los que compraron la fábrica en abril de 2020, en pleno confinamiento, es la búsqueda de dinero en las distintas cuentas de la sociedad. Y en eso está, según comunicó a los trabajadores. Aseguró que “parar la fábrica” quiere decir dejar a toda la plantilla en casa, con el compromiso de estar localizada en caso de fuerza mayor, esto es, por accidente o eventualidad. O sea, nadie tendrá que acudir al centro de trabajo. La parada no tiene tiempo determinado.