El éxito de la vía judicial está teniendo un alto precio a corto plazo para los trabajadores Alu Ibérica, 300 en A Coruña y otros tantos en Avilés, con las plantas cerradas temporalmente por decisión de la Audiencia Nacional ante la falta de seguridad y suministros. Por eso piden un impulso político para resucitar las dos fábricas de aluminio que Alcoa quiso clausurar y que acabó vendiendo hace dos años a Parter Capital y que este revendió en 2020 a Grupo Riesgo, actual propietario. Las tres compañías y varios de sus directivos están siendo investigados por la Audiencia Nacional ante la sospecha de que formaron una trama para hundir las plantas que hasta 1998 eran públicas (Inespal). Un grupo de trabajadores se concentró ayer a las puertas de la factoría de Agrela en el primer día del cierre temporal decretado por orden del administrador judicial. El comité de empresa exige que Gobierno y Xunta den un paso al frente para recuperar la actividad industrial en Alu Ibérica.

El presidente del comité, Juan Carlos López Corbacho, reclamó a los responsables políticos del Ejecutivo central y autonómico que “tomen el mando” junto con el administrador judicial para “sacar a la planta de esta inactividad”. La orden de cerrar las plantas llegó el viernes a mediodía e impidió ya la entrada de los trabajadores del turno de tarde. La jornada de ayer fue la primera en la que la actividad estuvo interrumpida por completo, con toda la plantilla en situación de licencia retribuida. Corbacho entiende la decisión del administrador, Ramón Juega, como “una medida paliativa” ante la insostenible situación de la fábrica. La producción se había interrumpido ya en julio por falta de material (las relaciones con muchos proveedores estaban rotas por los impagos de Grupo Riesgo) y en los últimos día la ausencia de pago de facturas a subcontratas terminó por provocar la marcha de la empresa que prestaba el servicio médico y la aplicación de un ERE en la compañía de limpieza (Logiplus, una filial de Riesgo que también está siendo investigada por la Audiencia). Ramón Juega, que todavía está recabando información para poder esclarecer el estado financiero de Alu Ibérica ya no ha aparecido una contabilidad reciente, tomó la decisión de cierre ante la inviabilidad de mantener a los trabajadores en la planta, no solo sin trabajo que hacer, sino sin cobertura médica y sin higiene en la instalación. “No nos coge por sorpresa”, aseguró Corbacho respecto a este cierre temporal, que sin embargo espera que sea lo más breve posible.

“Entendemos que se tome la medida para no exponer a los trabajadores a una situación de inseguridad”, insistió Corbacho, que además recordó que desde julio “no se producía nada” de aluminio. El líder sindical apostilló que la actividad de la planta desde que se fue Alcoa (en julio de 2019) “fue mínima o nula”.

Los trabajadores de la planta gemela de Avilés también toman el cierre temporal como el mal menor. “La peor situación de las posibles hubiera sido seguir en manos del Grupo Riesgo”, aseguró ayer el presidente del comité asturiano, José Manuel Gómez de la Uz, en una entrevista a La Nueva España, periódico del mismo grupo editorial que LA OPINIÓN.

Los representantes de los trabajadores están convocados a una reunión con el administrador judicial, que trata de aclarar el estado exacto de la fábrica después del paso del Grupo Industrial Riesgo para tomar nuevas decisiones.

La plantilla echa en falta compromiso político. “Llevan dos años y pico sin hacer nada y estamos cansados de exigirles que se muevan. No lo han hecho. La plantilla al completo está descontenta: mucho. Y sobre todo con una Ministra de Industria [Reyes Maroto] que nos aseguró que la opción de Parter Capital era la mejor de las posibles”, reprocha el portavoz asturiano.

En la misma línea, el líder coruñés reclama “la toma de decisiones” por parte de las administraciones para poner “operativa” la factoría “lo antes posible”, más aún teniendo en cuenta que es “un buen momento” para la producción de aluminio (con precios al alza) y que existen las instalaciones y el personal necesario. “La Justicia nos da la razón, pero necesitamos que las administraciones estén con nosotros porque estamos en el fondo”, afirmó López Corbacho.