La escalada sin precedentes del precio mayorista de la electricidad va a encarecer un 25% el recibo promedio de la luz de los 10 millones de hogares de la tarifa regulada PVPC, pero el Gobierno no puede intervenir en el mercado en el que se fija dicho precio porque la Unión Europea no lo permite. Así lo ha defendido este lunes la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien con todo ha vuelto a asegurar que el Ejecutivo está dispuesto a tomar medidas para desligar lo máximo posible la tarifa regulada del mercado mayorista mediante la creación de una "cesta de indicadores más estables", si bien ha admitido que esa mayor estabilidad podría suponer una mayor prima de riesgo.

Ante la comisión de transición ecológica del Congreso, Ribera ha apoyado, asimismo, la creación de una comisión en la cámara para estudiar el funcionamiento del mercado eléctrico, como han propuesto Más País-Equo, Compromís y Nueva Canarias. Además, ha confirmado que planea imponer límites en la gestión que las hidroeléctricas hacen de los pantanos, como ha adelantado El Periódico de Cataluña, diario que pertenece a este grupo, Prensa Ibérica, después de que hayan impulsado una "escandalosa" reducción del nivel de varios embalses.

"Creo que aquí no se ha mostrado en absoluto empatía social, que aunque suene a broma, también cotiza en bolsa", les ha acusado. Además, ha anunciado que la suspensión del impuesto a la generación del 7% se extenderá hasta final de año, con lo que se igualará a la rebaja del IVA del 21% al 10%, y ha mantenido su plan de impulsar un "suministro mínimo vital" para consumidores vulnerables.

Pugna con Podemos

La negativa de Ribera a intervenir el precio mayorista de la luz llega unos días después de que el socio minoritario del Ejecutivo, Unidas Podemos, le propusiera crear un precio fijo para la nuclear y uno máximo para la hidroeléctrica. La ministra ha asegurado que presentará "batalla política" en Europa para que lograr cambios en la normativa comunitaria, pero que hasta entonces solo cabe respetarla. Asimismo, ha advertido de que la eléctrica pública que se ha abierto a crear para gestionar las hidroeléctricas una vez vayan venciendo las concesiones -algo que la formación morada celebró como una victoria- estaría "sometida a las mismas reglas del mercado" que las demás y por lo tanto no podría generar a precios menores.

"La alarma social puede crecer o decrecer en función de cómo de honestos y correctos seamos en el diagnóstico que compartimos con los ciudadanos. Y creo que es preocupante generar confusión con mensajes que no se corresponden con la realidad o intentar impulsar medidas que son frontalmente contrarias al derecho europeo. Es algo así como pedir al pescadero que le ofrezca solomillo de ternera. Como Gobierno, en función de pescaderos, trabajaremos muy contentos con los carniceros, pero no podemos ofrecer el solomillo que le corresponde a otra plaza en el mercado que es Bruselas", ha argumentado.

Podemos ha puesto en cuestión que el Gobierno no pueda limitar los precios mayoristas, pero sobre todo ha criticado el posible cambio de la tarifa regulada para estabilizarla mediante su desvinculación del mercado mayorista. "Supongo que será estabilizarla a la baja, porque estabilizar sin más no sé qué gracia tendría", le ha lanzado su diputado Txema Guijarro. "Lo que propone la vicepresidenta es lo mismo que hace unos días proponía el oligopolio eléctrico, y si lo propone el oligopolio eléctrico, es difícil de creer que pueda servir para bajar la factura", ha criticado su portavoz parlamentario, Pablo Echenique.

El Gobierno prorroga la rebaja del IVA de la luz al 10% y la supresión del impuesto a la generación eléctrica Agencia ATLAS / EP

Precio al alza

La ministra, en cualquier caso, ha tratado de rebajar la alarma sobre la escalada del precio mayorista, que supone entre el 24% y el 30% de la factura regulada. Así, ha destacado que un consumidor del mercado regulado pagó de promedio 598 euros en todo 2018, 562 euros en 2019, 512 euros el año pasado (en mínimos por la caída de demanda provocada por la pandemia) y, proyectando los precios récord actuales (el triple de los de hace un año), 644 euros en 2021, es decir, un 25% más que el año pasado. También "algo menos de 55 euros al mes", pero en cualquier caso "cifras importantes para algunas familias".

Los usuarios acogidos a dicha tarifa regulada, ha añadido, han sufrido un encarecimiento promedio en su recibo en el primer semestre del 6,9%, mientras que los consumidores que están en el mercado libre (unos 17 millones) han registrado un abaratamiento del 4,6%. Esta diferencia se debe a que la tarifa regulada está vinculada al precio mayorista, mientras que en el mercado libre las empresas y sus clientes 'pactan' un precio fijo en la mayoría de los casos (a la larga, con todo, es previsible que también suba cuando toque revisarlo) que se ha beneficiado de la rebaja de impuestos. Pero aún así, ha subrayado Ribera, la tarifa PVPC fue entre enero y junio de promedio un 20% más barata que las del mercado libre.

Los costes no relacionados con el suministro, la clave para para abaratar la factura de la luz Agencia ATLAS / EP

Frente a ello, ha defendido, su ministerio está impulsando cambios "estructurales" que abaratarán la factura en torno a un 15% en los próximos años: la creación de un fondo para sacar del recibo en los próximos cinco años el coste de las primas de las renovables más antiguas y repartirlo entre las empresas energéticas y el recorte de los llamados beneficios caídos del cielo de la nuclear y la hidroeléctrica.