María Dolores Domínguez, representante sindical de las siete personas que hasta agosto se encargaban de la limpieza y desinfección de la fábrica de aluminio de Agrela, asegura que en toda su vida profesional no se había encontrado nunca con “gente tan impresentable”. Logiplus Worldwide SL, filial multiservicio del Grupo Riesgo (dueño de Alu Ibérica desde 2020) debe dinero a las trabajadoras desde el mismo momento en que se hizo cargo de la subcontrata, el pasado diciembre. Siete meses después de ser subrogadas, las limpiadoras acaban de ser despedidas mediante un ERE que la empresa achaca a los impagos de Alu Ibérica, perteneciente al mismo grupo empresarial de Víctor Rubén Domenech. Logiplus ha comunicado abiertamente y por escrito a las empleadas que no podrán cobrar ni el finiquito que les corresponde ni los salarios pendientes.
En las cartas de despido, a las que ha tenido acceso este periódico, la empresa expone sus dificultades de “índole económica y de producción” y admite que “no ostenta un expertise ni red de contactos que le permitan trasladar a los trasladar a los trabajadores del centro de trabajo”, lo que según argumenta hace “imposible mantener los puestos de trabajo” dado que Alu Ibérica no le paga las facturas. Pero Logiplus va más allá y después de calcular la indemnización que corresponde a cada trabajadora por sus años de antigüedad, a renglón seguido, le comunica que “como consecuencia de tal situación económica no se puede poner a su disposición la indemnización a la que se refieren los párrafos anteriores” ya que “la falta de liquidez de la empresa es prácticamente absoluta como lo demuestra la imposibilidad de abonar salarios en los últimos meses y de hacer frente a otras obligaciones”.
Esta carta de despido ha indignado a las trabajadoras, que además en algunos casos se han encontrado esta semana con problemas para tramitar el paro debido a que la empresa no había remitido los certificados correspondientes a la Seguridad Social ni coincidía la fecha de baja laboral efectiva con la comunicada por escrito. Domínguez tacha de “vergonzosa” la situación y se muestra resignada a iniciar un proceso judicial que puede durar “en torno a un año” y a recurrir a continuación al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) para poder cobrar una parte del fruto de su trabajo que Grupo Riesgo les está negando.
“Llevamos años aquí limpiando para poder llevar un sueldo a casa, para nuestros hijos y nuestras familias, y ahora nos encontramos con esto; es impresentable”, lamenta la portavoz de las limpiadoras. Algunas de ellas llevan ocho años trabajando en la limpieza de la fábrica que hasta 2019 fue de Alcoa, luego del fondo suizo Parter Capital y desde 2020 es de Riesgo, aunque lleva cinco meses intervenida por la Justicia por indicios de saqueo.
Las limpiadoras ahora despedidas vivieron la mayor parte de esa vida laboral como empleadas de Jofrasa, empresa que el pasado diciembre se vio obligada a renunciar al servicio por los impagos de Riesgo. Fue entonces cuando Alu Ibérica decidió dar el contrato a una firma del mismo grupo. Logiplus debe a las trabajadoras parte de las pagas extraordinarias de Navidad, febrero y verano, horas de enero y los sueldos completos de julio, agosto y septiembre hasta la fecha de baja.
Las siete personas del equipo de limpieza de Alu Ibérica A Coruña (seis limpiadoras y un coordinador) y otras tantas de la factoría gemela de Avilés tendrán derecho a ser subrogadas durante el próximo año en caso de que las plantas —actualmente cerradas de forma temporal— reactiven la actividad. “Es una posibilidad que está ahí, pero no sabemos lo que va a pasar y ahora mismo lo vemos todo muy negro”, concluye Domínguez.
Preconcurso de acreedores
El incumplimiento laboral que sufren las limpiadoras es una ramificación más de la crítica situación de Alu Ibérica. El administrador judicial anunció el jueves que ha solicitado la entrada de la empresa en preconcurso de acreedores, debido a su situación de insolvencia y la inminencia de embargos. Los 600 trabajadores —300 en A Coruña y otros tantos en Avilés— demandan soluciones políticas para resucitar las fábricas en paralelo a la vía judicial. La Audiencia Nacional investiga a diez personas físicas y nueve jurídicas por presunta estafa en el proceso de venta de las fábricas de Alcoa.
