El erial productivo y económico en que dejaron convertida la fábrica de aluminio de A Coruña los sucesivos gestores que siguieron a Alcoa -la multinacional vendió la factoría en el verano de 2019 al fondo suizo Parter Capital y este la revendió en la primavera de 2020 a Grupo Riesgo- también se extiende al área administrativa: según ha explicado a los representantes de los trabajadores el administrador judicial que ha tomado las riendas de la sociedad, el abogado coruñés Ramón Juega, se están encontrando graves dificultades para elaborar las memorias económicas dado el “caos contable” y la ausencia de contabilidad precisa. Estas memorias económicas son necesarias, entre otras cosas, para fundamentar el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que se ha acordado aplicar para salvaguardar, así sea parcialmente, los salarios de la plantilla en tanto no se halle la forma de volver a generar ingresos. Las plantas alumineras de A Coruña y Avilés están cerradas temporalmente desde el 27 de agosto y sus 600 trabadores (300 en A Coruña), en situación de permiso retribuido. Esta semana, el administrador ha anunciado que solicita la entrada de la empresa en preconcurso de acreedores, por su insolvencia.

Ramón Juega no ha escatimado crudeza y gravedad a la hora de explicar a los comités de empresa, el de A Coruña y el Avilés, los descubrimientos que realiza al hurgar en las interioridades de Alu Ibérica. El nuevo encargado de la gestión de las fábricas de aluminio, por ejemplo, no encontró liquidez en las cuentas que revisó para pagar la nómina de septiembre. Con el abono que se hizo de la paga extraordinaria de julio y la del mes de agosto el dinero se acabó. Juega ya había decidido a finales de agosto decretar el cierre temporal de ambas factorías y enviar a casa a los empleados de forma retribuida ante la falta de actividad productiva y el temor -luego confirmado- a que no existiesen fondos en las cuentas de la empresa. También porque no había forma de mantener la fábrica en condiciones de seguridad, ya que el servicio médico se plantó ante los impagos y la subcontrata de limpieza (Logiplus, del mismo grupo Riesgo) anunció su renuncia y un despido colectivo para deshacerse de las limpiadoras que había subrogado en diciembre, a las que además niega la indemnización y los salarios que les debe alegando que carece de liquidez.

Afloramiento de deudas  

El afloramiento de deudas, embargos y amenazas de ejecución también pesan sobre el patrimonio de Alu Ibérica, lo que ha llevado al administrador a solicitar un preconcurso de acreedores que dará tres meses de tregua para tratar de hallar una solución que minimice los daños.

El comité de empresa coruñés prefiere ahora mantener un perfil bajo de comunicación, pero expresó en un comunicado su confianza en que esta negociación de una quita con los acreedores sirva “para proteger el patrimonio de la empresa ante posibles embargos por estas ejecuciones que ponen en riesgo la continuidad de la planta y así minimizar el impacto para su salida de esta situación”. Los trabajadores ponen el foco en la vía política y urgen al Gobierno una reunión para buscar un futuro industrial a la planta.