El administrador judicial de Alu Ibérica, Ramón Juega, solicitó este lunes a la Audiencia Nacional la autorización para aplicar sendos expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en las fábricas de aluminio de A Coruña y Avilés, con una plantilla de cerca 600 empleados —unos 300 en Agrela—. Toda vez que las dos factorías de las que se deshizo Alcoa y que ahora posee Grupo Riesgo llevan un mes cerradas —por lo que la carga de trabajo es prácticamente nula— y que la empresa, intervenida por la Justicia cautelarmente, ha solicitado el preconcurso de acreedores porque no tiene dinero para hacer frente a sus deudas, el ERTE permitirá aliviar la carga salarial, un importante gasto del que Alcoa dejó de responsabilizarse el 31 de julio, al cumplirse dos años de la venta que está siendo investigada por posible estafa.
El comité de empresa todavía desconoce cuánto durará la suspensión de empleo y a cuántos trabajadores afectará exactamente —se prevé que a casi todos—, pero su presidente, Juan Carlos López Corbacho, sí confirmó ayer que Juega inició el trámite con la Audiencia Nacional el lunes. Corbacho aprovechó un recepción en el Ayuntamiento para reclamar de nuevo una solución política a este conflicto industrial y laboral. El proceso de venta de Alcoa a Parter Capital (el fondo suizo que a los pocos meses revendió a Riesgo las plantas de A Coruña y Avilés) estuvo avalado en 2019 por el Ministerio de Industria y contó también con la participación de la Xunta. Por eso, la plantilla aluminera mira hacia el Gobierno central y el autonómico en busca de una solución de futuro industrial que sabe que no le podrán dar los jueces por mucho que prospere la causa penal que está en proceso de instrucción. El portavoz de la plantilla aluminera afirmó ayer que se dirigirá de forma inmediata a los ministerios de Industria, Trabajo y Transición Ecológica para que formen parte de la mesa de trabajo de Alu Ibérica de manera “urgente”, y añadió que la Xunta y el Ayuntamiento de A Coruña también deben estar en “ese gabinete de crisis” para sacar adelante la planta.
Lo primero, según Corbacho, es buscar opciones para reabrir la fábrica, ya sea a través del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) o de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Alu Ibérica está intervenida judicialmente desde mayo por los indicios de que sus gestores (Grupo Riesgo) la estaban descapitalizando. A finales de julio, la Audiencia Nacional decidió apartarlos y dejar la empresa en manos de un administrador judicial, mientras investiga si en el proceso de venta de Alcoa, Parter y Riesgo hubo estafa, entre otros delitos.
El Concello se compromete a “elevar el tono”
Los grupos que forman la corporación municipal de A Coruña (PSOE, Marea Atlántica, PP y BNG) y el comité de empresa de Alu Ibérica acordaron ayer “elevar el tono” a la hora de exigir soluciones al Gobierno y a la Xunta para el futuro de la planta de aluminio, que se encuentra inactiva. Así lo aseguró la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, tras reunirse por la mañana en María Pita con miembros del comité de empresa y de los grupos municipales, en un momento en que el administrador judicial de Alu Ibérica comunicó la solicitud del preconcurso de acreedores y la tramitación de un ERTE para la plantilla. Marea Atlántica, grupo que solicitó el encuentro, quiso dejar claro que “la gente de la antigua Alcoa tiene a toda una ciudad detrás”.
