Luz verde a la reforma de la tarifa regulada de la luz a la que están sujetos el 40% de consumidores domésticos. El ministerio para la Transición Ecológica hace un guiño a las compañías eléctricas e inicia los trámites para reformar la denominada tarifa de Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) que tantos dolores de cabeza les está trayendo, justo el día en que el precio de la electricidad en el mercado mayorista supera la barrera psicológica de los 200 euros, un 500% más que hace un año. El departamento que dirige la vicepresidenta Teresa Ribera ha pedido a los principales agentes del sector que trasladen sus aportaciones sobre una posible modificación de esta tarifa antes del 22 de octubre de 2021.
Esta tarifa afecta a 10,7 millones de usuarios, de los 29 millones de consumidores domésticos (punto de suministro no superior a 1 kilovatio y con una potencia contratada inferior a 10 kilovatios) y al estar indexada al precio del mercado mayorista traslada inmediatamente a los consumidores cualquier modificación del mercado, ya sea al alza o a la baja. Además, es la única con la que los consumidores vulnerables pueden solicitar el bono social, que ofrece descuentos del 25% y el 40%, u otras protecciones, como el reciente suministro mínimo vital.
Siempre ha sido concebida como la tarifa más competitiva del mercado frente a otras modalidades de contratación del mercado libre, como ha dejado patente en distintos informes el regulador energético, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), e incluso también el Banco de España en un reciente informe de este verano. Sin embargo, la evolución de los precios de la electricidad de los últimos meses --con precios mayoristas un 500% superiores a los de hace un año-- ha motivado la apertura por parte del ministerio que dirige Ribera de "un periodo de reflexión acerca de su actual configuración, que pueda desembocar en un nuevo desarrollo reglamentario para modificar su estructura".
El debate, entre empresas y organizaciones de usuarios, según el ministerio, reside en la volatilidad que esta tarifa imprime en los recibos de los consumidores más vulnerables, a pesar de que "esta volatilidad no implique mayores precios en el largo plazo". Precisamente, el consejero de Energía de la CNMC, Mariano Bacigalupo, opinó en una jornada organizada por la Universidad de Comillas este jueves que no sería "viable políticamente" en España reformar la tarifa regulada por el "encumbramiento" que había hecho el regulador sobre esta tarifa y por la oposición de las organizaciones de consumidores y usuarios como OCU y Facua.
Según ha informado el ministerio, Ribera ha anunciado que se reunirá el próximo martes con el Consejo de Consumidores y Usuarios (ADICAE, AUC, CECU, FACUA, FUCI, HISPACOOP, OCU, y UNAE) para conocer su opinión sobre la revisión del PVPC para disminuir su volatilidad "con vistas al proceso de transición energética". "Hay quien recomienda medidas correctoras y también muchas asociaciones ven con reticencia los cambios, por eso quiero conversar con ellos y tener su 'input' de primera mano sobre cómo valoran, qué les preocupa y qué correcciones hacen", explicó a los medios de comunicación en Milán, donde participa en la cumbre preparatoria de la conferencia de la ONU sobre el cambio climático de Glasgow, según recoge EFE.
Además, Ribera se reunirá un día antes, el lunes, con la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Electricidad (AEGE) y con la Alianza para la Competitividad de la Industria Española, que aglutina a ANFAC, AOP, ASPAPEL, FEIQUE, FIAB, OFICEMEN y UNESID para conocer su visión "sobre la actual coyuntura de precios elevados del gas y la electricidad, así como compartir con ellas las medidas adoptadas por el Ejecutivo para amortiguar el impacto de la situación".
