El éxito del procedimiento judicial que los sindicatos abrieron contra los gestores de Alu Ibérica —Alcoa, Parter Capital y Grupo Riesgo, dueño actual— no basta para salvar las fábricas de aluminio de A Coruña y Avilés y sus 600 empleos. Con el centro de trabajo cerrado, la empresa intervenida por indicios de saqueo, a las puertas del preconcurso de acreedores por insolvencia y en vías de aplicar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), la plantilla de la factoría de Agrela se concentró ayer a las puertas del Ayuntamiento, en María Pita, para exigir al Gobierno una solución política que garantice la viabilidad futura de la instalación fabril mediante una intervención de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

La corporación municipal interrumpió el pleno para atender las demandas de los antiguos trabajadores de Alcoa. La alcaldesa, Inés Rey, y varios concejales de distintos grupos se acercaron al presidente del comité de empresa, Juan Carlos López Corbacho, para transmitirle su solidaridad y apoyo a sus reivindicaciones. Cuando se cumplen tres años del anuncio de cierre de la planta por parte de Alcoa —que finalmente fue forzada a vender en julio de 2019—, los empleados de la actual Alu Ibérica están sin cobrar la nómina del mes pasado debido a la situación de insolvencia que atraviesa la empresa.

La plantilla, tanto coruñesa como asturiana, espera que se tramite cuanto antes el ERTE para el que el administrador judicial, Ramón Juega, solicitó permiso al juzgado el pasado 27 de septiembre. Esta suspensión de empleo permitirá a los 300 afectados en A Coruña cobrar una prestación mientras la compañía trata de recuperar la solvencia para poder reanudar la actividad y afrontar el pago de salarios.

El comité de empresa advierte de que “la situación es muy crítica”. Según la versión de los sindicatos, hundir las fábricas de aluminio de A Coruña y Avilés era precisamente lo que pretendían Alcoa, Parter y Riesgo en el proceso de venta que investiga la jueza María Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional.

Las tres empresas y varias filiales están bajo la lupa de la Justicia por presuntos delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, delito contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal, a los que la magistrada ha añadido fraude en subvenciones y blanqueo al hilo de las diligencias practicadas hasta el momento.