Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) consignan una revalorización de las pensiones contributivas de cerca de un 3,5% para 2022 al ligar las pagas a la inflación (prevista entre el 2,2% y el 2,3%) y compensar además el desvío del IPC de este año, que debido a la carestía de la luz y otros consumos se desmandó por encima del 0,9% que se incrementaron las pagas en la última revisión. Un pensionista medio en A Coruña cobrará 21 euros más al mes en catorce pagas (294 euros al año) más la paguilla (unos 150 euros), que será la última debido a la reforma que capitanea el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.

La pensión media en la provincia de A Coruña se sitúa actualmente en 928 euros al mes —es un poco más alta que la gallega, 883 euros— en catorce pagas, lo que hace un total de 13.000 euros anuales. Si el IPC (índice de precios de consumo) cierra el año como se prevé (2,2%-2,3%) 1,2 puntos por encima del 0,9% que se aplicó, el Gobierno se verá obligado a abonar a este pensionista medio una paga extraordinaria en el mes de febrero de 150 euros. Además, desde enero su paga subirá para ajustarse al coste de la vida según el cálculo pactado entre el Ejecutivo y los agentes sociales: conforme al IPC de los 12 meses previos a noviembre de este año. La Seguridad Social estima que será del 2,2% al 2,3%. Al mismo pensionista tipo le subirá la paga unos 21 euros al mes, 299 euros al año.

18.000 millones para garantizar el pago. Los Presupuestos de 2022 incluyen una transferencia extraordinaria de 18.396 millones de euros a la Seguridad Social para garantizar el pago de las pensiones, como consta en el proyecto de ley de las cuentas públicas aprobado este jueves. El Ejecutivo destinará a las pensiones un monto total 171.165 millones de euros en 2022, un 4,8% más que en 2021. Esta cantidad supone un 37,3% del total de los PGE 2022. El Gobierno anunció además que las pensiones mínimas y no contributivas subirán más de un 3%, lo que beneficiará de 10 millones de pensionistas, según sus estimaciones del Gobierno. La revalorización de las pensiones se desliga a partir de ahora de los Presupuestos para que evolucionen según el coste de vida, de acuerdo con la reforma de las pensiones acordada entre el Gobierno y los agentes sociales, que sigue las recomendaciones del Pacto de Toledo.

En Galicia hay 767.116 pensionistas con paga contributiva, de los que 480.997 cobran como jubilados, 185.394 por viudedad, 70.454 por incapacidad permanente, 23.540 por orfandad y 6.731 en favor de familiares. La pensión media gallega (883,24 euros) es la segunda más baja del país (la media española está en 1.036 euros) solo por debajo de Extremadura (863 euros). Entre las pensiones de jubilación la media sube a 1.007 euros en Galicia, 1.064 en A Coruña y 1.193 en el conjunto de España.

Discrepancia entre los agentes sociales. El líder de CCOO, Unai Sordo, aplaudió ayer la aprobación de los PGE porque considera que España necesita unas cuentas expansivas y asociadas a reformas en el ámbito laboral, de las pensiones y de los alquileres. CCOO y UGT firmaron este verano con el Gobierno un acuerdo para restablecer la revalorización de las pensiones conforme al IPC. Otros sindicatos, como la CIG, entienden que no es suficiente. La central sindical gallega protagonizó esta semana concentraciones en todas las ciudades de la comunidad para protestar contra la reforma de las pensiones que se está tramitando en el Congreso, porque “no garantiza unas pensiones dignas y consolida los recortes que supusieron una reducción de las pensiones en 2011”.

Del lado de la patronal, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi hizo ayer una “llamada de atención” a los partidos a la hora de realizar sus valoraciones, en un momento en que se prevé estudiar la aplicación de un factor de sostenibilidad o de equidad intergeneracional en el sistema de pensiones. “Digo esto porque el Pacto de Toledo está para eso, ya que es el que tiene marcar las pautas de la negociación”, subrayó Garamendi, para quien los partidos tendrán que expresar su opinión, porque “no consiste todo, tras nueve años reunido el Pacto de Toledo, Gobierno, sindicatos y nosotros tengamos que arreglar o solucionar las cosas”, dijo.

Polémica por la rebaja del límite fiscal en planes de pensiones

Los cambios que ha aprobado el Gobierno sobre las ventajas fiscales de los sistemas privados de ahorro para la jubilación han levantado ampollas en el sector. El Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros considera que la rebaja de los límites anuales de aportación a planes de pensiones individuales con derecho a deducción en el IRPF es “otro torpedo al ahorro y al complemento de las futuras pensiones de autónomos y empleados de pymes”. El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 rebaja de 2.000 euros a 1.500 los límites anuales de aportación a planes de pensiones individuales y también a los del cónyuge. Desde el Consejo General de Mediadores señalan que la propuesta “favorece a los trabajadores de grandes empresas y castiga especialmente al medio rural, cuya configuración empresarial está basada en pequeños negocios y autónomos”. Según denuncian, el sistema individual es “insustituible” para todos los autónomos y trabajadores de pymes, que quedan fuera de la previsión social empresarial y “no pueden acceder al sistema de empleo por no estar las reformas desarrolladas”. Además, los mediadores aseguran que la irregularidad de los ingresos de trabajo de pymes y autónomos se ha incrementado en los últimos años, entre otras razones, por el cese de actividad a causa del COVID-19. “Solo esta razón sería suficiente para permitir a los trabajadores por cuenta propia recuperar, en la medida de los posible, su capacidad de ahorro para complementar una jubilación que cada vez aparece más incierta en términos de pensión del Estado”, sostienen. La patronal Cepyme criticó ayer los Presupuestos, por el “el anuncio equivocado” de la ley de vivienda, la reducción del importe máximo a 1.500 euros de las aportaciones a los planes de pensiones particulares o las medidas para los jóvenes. “Evitan incorporar medidas nuevas específicas de apoyo al empleo juvenil, cuando la tasa de paro juvenil está en máximos”, lamentó la confederación de pequeñas empresas.