Los 300 trabajadores directos de la fábrica de aluminio de A Coruña —y otros tantos de la de Avilés, 600 en total en Alu Ibérica— buscan la manera de salir del laberinto al que se han visto arrojados desde que Alcoa anunció, hace cuatro años, su voluntad de cerrar la planta. Con la producción parada, sin dinero para las nóminas, a la espera de una suspensión temporal de empleo y del preconcurso de acreedores, en manos de un administrador judicial... la plantilla de Alu Ibérica lanza un SOS. El comité de empresa exige a la Audiencia Nacional que “se establezcan contra Alcoa las medidas cautelares necesarias que como mínimo conlleven la intervención de sus cuentas”. Además, en una carta dirigida al presidente de la multinacional estadounidense en España, Álvaro Dorado, los comités de A Coruña y Avilés reclaman “retrotraer la venta” y volver a manos de Alcoa.
Los trabajadores se basan en la sentencia de la sala de lo Social de la Audiencia Nacional —que en junio condenó a Alcoa por incumplir los acuerdos de la negociación del ERE— para afirmar que la venta de las fábricas de A Coruña y Avilés de Alcoa a Parter Capital (2019) fue solo “una venta aparente” y que la posterior reventa a Grupo Riesgo (2020), actual propietario, fue ilegal. Las tres compañías involucradas en esta operación están siendo investigadas en la causa penal que instruye la jueza María Tardón en la Audiencia Nacional. Por el momento, la magistrada ha dictado medidas cautelares contra Grupo Riesgo para salvaguardar las fábricas ante los indicios de descapitalización. El comité de empresa coruñés no lo considera suficiente y solicita que esas actuaciones judiciales preventivas se extiendan a Alcoa.
La plantilla tiene claro que la Aluminum Company of America es la “culpable” de la debacle de las dos plantas alumineras: “Queda de manifiesto que fue esta multinacional la causante de la situación crítica que en la actualidad atraviesan las empresas y es quien debe responder ante ello”, reclamó ayer el comité que preside Juan Carlos López Corbacho en un comunicado. “Alcoa —prosigue el texto— tuvo conocimiento de todos los incumplimientos y la ilegalidad de la reventa de las empresas de manera directa [...]. Tenemos claro que Alcoa fue y es la parte necesaria e imprescindible para que se hayan podido llevar a cabo los presuntos delitos que están siendo investigados en la Audiencia Nacional en el ámbito penal”.
El comité esgrime un “informe reciente” de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que sostiene que censura que Alcoa hubiera “consentido la venta” de Parter a Riesgo porque aún en el supuesto “no hubiera tenido conocimiento inicialmente, habría sido consentida posteriormente por la multinacional, como demuestra el hecho de haber liberado los fondos que fueron consignados notarialmente ante el incumplimiento del contrato por parte del comprador inicial.”
La representación de los trabajadores insiste en que nunca apoyó la venta de Alcoa a Parter porque no tenía capacidad para concluir se era un “comprador serio, solvente y riguroso” o si se trataba de un “proyecto empresarial viable”. Mucho menos la reventa de Parter a Riesgo, que no les fue consultada y que entienden que vulnera lo firmado con Alcoa. Por ello, consideran que deben volver a manos de Alcoa para que esta, intervenida judicialmente, busque una salida industrial sólida.
Manifestación en A Mariña para que la SEPI intervenga Alcoa
El comité de empresa de la última factoría de aluminio de Alcoa en España, la de San Cibrao —en Cervo (Lugo)— valora llevar sus protestas delante del Congreso de los Diputados, en Madrid, para urgir la intervención de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). De momento, el siguiente paso tras la concentración del domingo ante la Subdelegación del Gobierno en Lugo que reunió a unas 3.000 mil personas —según cálculos de los trabajadores—, es volcarse en la manifestación convocada para el domingo 17 en Viveiro. El presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, señaló ayer que los trabajadores están “muy satisfechos” por la concurrencia a la protesta de este domingo y animó a los vecinos de la comarca a que acudan el próximo. “Es una manifestación convocada por los sindicatos, por lo que queremos invitar a toda A Mariña lucense a que venga a apoyarnos, porque necesitamos ahora más que nunca el apoyo, porque si la SEPI entra en esa operación al día siguiente podríamos tener el comienzo de la venta”, considera Zan.
Los trabajadores, “víctimas de la avaricia y la política deslocalizadora” de la multinacional
El comité de empresa de Alu Ibérica (actual denominación de las fábricas de aluminio de A Coruña y Avilés) lamentó ayer en un comunicado que los 600 trabajadores de la empresa y sus respectivas ciudades están siendo “víctimas de la avaricia y la política deslocalizadora” de Alcoa. La representación sindical advierte a la multinacional que “no va a permitir” que “trate de confundir a la opinión pública para eludir su responsabilidad y culpabilidad” en el proceso de venta que investiga la Audiencia Nacional. Los indicios de descapitalización encontrados durante la fase de instrucción —que sigue abierta— han llevado a tomar medidas cautelares contra Grupo Riesgo —sus cuentas están intervenidas y han sido apartados de la gestión—. Alcoa, Parter y Riesgo —y varias filiales— están bajo la lupa de la Justicia por presuntos delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, delito contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal en relación a la venta de las dos fábricas de Alcoa a Parter (2019) y su reventa a Riesgo (2020).
