La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha ordenado a los directivos del Grupo Industrial Riesgo que están imputados en el caso Alcoa que restituyan “las cantidades detraídas por importe total de 13.000.000 euros con origen en las pólizas de crédito suscritas por las sociedades titulares de las plantas de producción”, según consta en un auto de 28 de septiembre, al que ha tenido acceso El Periódico de España, del mismo grupo editorial de LA OPINIÓN. En la resolución, la magistrada especifica que el “único destino” de este dinero debe ser “garantizar la existencia de fondos para financiar las operaciones de circulante propias de la actividad de las plantas”.
Por eso, la intención de Tardón, que considera que esta operación financiera “contraviene claramente la prohibición de asistencia financiera” prevista en la ley, es obligar a los actuales dueños de las dos antiguas fábricas de la multinacional — Alu Ibérica LC y Alu Ibérica AVL— a que “procedan a reponer sin dilación alguna el compromiso de apoyo financiero a las plantas de producción” de A Coruña y Avilés. De esta forma, completa el auto, podrá “ser afrontado el pago de nóminas y demás conceptos salariales, así como otros gastos imprescindibles para garantizar los servicios indispensables y la indemnidad de las instalaciones (suministros, telefonía, servicio de seguridad, etc...)”. Además, el administrador de la compañía instrumental deberá dirigirse al Juzgado Central número 3 para “indicar el motivo por el cual no se han presentado los Impuestos sobre Sociedades del ejercicio 2019 de las sociedades Iberian Green Aluminium Company SL, Alu Holding AC Spain, Alu Holding AVL 2019 Spain SLU, Alu Ibérica LC y Alu Ibérica AVL”.
En el auto, la magistrada pone de manifiesto también que hasta el momento tanto las comunicaciones realizadas por el Juzgado Central al Grupo Industrial Riesgo, que carece de personalidad jurídica, como las dirigidas al resto de sociedades presuntamente implicadas, entre ellas el despacho de abogados Ackermann and Schwartz Attorneys at Law, no han podido ser entregadas por tener un destinatario “desconocido”.
Además, Tardón ha autorizado al administrador que nombró para sacar del agujero en que se encuentran las fábricas de aluminio de A Coruña y Avilés a comenzar las negociaciones para llevar a cabo un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) tanto para el Alu Ibérica LC como para Alu Ibérica AVL. Lo argumenta en el sentido que las circunstancias actuales en que se encuentran las dos fábricas (sin producir al menos desde el día 8 de julio, con los trabajadores con permiso retribuido, pero sin haberlo cobrado) obliga a activar la medida regulatoria que, lo señala la misma jueza, permitirá a los trabajadores pedir los subsidios de desempleos, una ventaja sobre su presente actual: sin cobrar porque en las cuentas de las fábricas el delegado de María Tardón, Ramón Juega, sólo ha encontrado dinero para pagar la nómina de agosto, la extra de julio y las nóminas de los trabajadores excluidos por los dueños en julio. Además, continúa la jueza, la regulación de empleo “evitaría seguir generando gastos de personal que actualmente no pueden ser atendidos”.
La regulación de empleo es una situación muchas veces anunciada y vaticinada tanto por los representantes de los trabajadores como por las autoridades políticas corresponsables de la crisis del aluminio, que ya va para tres años desde que la multinacional Alcoa anunciase su intención de cerrar sus fábricas de A Coruña y Avilés. Ahí fue, según una sentencia de la sala de lo social de la Audiencia Nacional, cuando el agujero comenzó a profundizarse hasta el punto presente.
De hecho, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional señala en un informe, que creen que “poco aconsejable” el inicio de la operación (de Alcoa a Parter, en julio de 2019) y a este respecto ahondan que la empresa que preside en España Álvaro Dorado consintió el segundo paso (de Parter a Grupo Riesgo, en abril de 2020) “como demuestra el hecho de haber liberado los fondos que fueron consignados notarialmente ante el incumplimiento del contrato por parte del comprador inicial”. O sea, que la Policía Nacional apunta a los primeros dueños de haber urdido el enredo en que se encuentran sus extrabajadores desde que consintieron la venta al fondo de capital suizo que dirige Rüdiger Terhost.
Se da la circunstancia, sin embargo, que la multinacional norteamericana señala en el recurso que presentó ante la sala de lo social del Tribunal Supremo el pasado día 22: “Resulta extraordinariamente revelador que la sentencia recurrida —la que le señala como culpable de la venta fraudulenta de las fábricas— prescinda de forma radical de una ingente cantidad de documentación aportada de forma anticipada a los autos del procedimiento”. Se refiere los servicios jurídicos de la multinacional al hecho de que la operación que ha generado este lío de tres años se llevó a cabo a “a instancias e impulsado por el Ministerio de Industria, gobiernos de comunidades, sindicatos y representantes de los trabajadores”. Y apuntan que existía “un conocimiento indubitado” de quiénes eran los de Parter.
Este diario se ha puesto en contacto con una portavoz de la multinacional Alcoa Inespal SLU que recuerda que el proceso de venta de las plantas de A Coruña y Avilés “fue promovido, supervisado y avalado en todo momento por el Ministerio de Industria y contó con el apoyo de las comunidades de Galicia y Asturias y los representantes de los trabajadores”. “El hecho de que Parter vendiera la mayoría de sus acciones de ambas fábricas a Grupo Riesgo Industrial”, completa la portavoz, “fue un incumplimiento de contrato, y Alcoa ha demandado a Parter por no cumplir con el contrato”. En cuanto a la supuesta implicación de Alcoa en los hechos investigados en la Audiencia Nacional, apuntada por los sindicatos, la multinacional sostiene que las “acusaciones que se vierten son absolutamente falsas”.
Fue un fondo sin experiencia en el sector aluminero quien logró ganar el “cásting” organizado por Alcoa porque fue el único que se interesó tanto por la fábrica de A Coruña y Avilés (los otros postores miraban principalmente a la asturiana). Se da la circunstancia, además, de que según confirmaron los responsables de Riesgo a los trabajadores en varias ocasiones, Parter inició su operación de reventa en septiembre de 2019 (la había comprado en julio de ese año) y la cerró en abril de 2020. Actualmente, las dos entidades siguen siendo socias (el 74,9% de las dos Alu Ibérica son de Riesgo. El resto, de Parter).
Demanda del Concello coruñés
Por otra parte, el portavoz del gobierno local de A Coruña, José Manuel Lage, pidió ayer al Ejecutivo central y a la Xunta que se “mojen” en la búsqueda de una solución que garantice la viabilidad de la planta de Alu Ibérica. Lage quiso trasladar el apoyo de forma “rotunda y clara” a la plantilla por parte del consistorio y manifestó que le consta que la alcaldesa, Inés Rey, mantiene una “interlocución permanente con el Gobierno de España”. A este, pero también a la Xunta, aludiendo a sus competencias en materia de Industria, le pidió que “se moje” para hacer todo “lo posible” y ayudar a los trabajadores y también a garantizar “la viabilidad” de la planta. “Que se pongan todos los mecanismos y posibilidades sobre la mesa”, señaló.
