La gran industria lleva alertando durante años de que los altos precios de la electricidad en España representan un golpe para su rentabilidad y que así tiene difícil competir con las compañías de otros países europeos. Una situación que se ha agravado por la espiral de subidas de la electricidad de los últimos meses.

Grandes grupos industriales con presencia en el mercado español se están movilizando para impulsar una compra masiva de electricidad renovable a un precio fijo durante años, para sortear las subidas de la luz y para rebajar su factura energética, que para algunas compañías representa el 50% o el 60% del total de sus costes de producción.

La Asociación Española de Empresas de Gran Consumo de Energía (AEGE), que agrupa a casi una treintena de grandes grupos industriales con presencia en España, maniobra para poner en marcha macrosubastas de energía renovable para asegurarse una parte sustancial del suministro eléctrico que requieren para su actividad (entre el 40% y el 50% del total a medio plazo) y hacerlo a un precio estable durante un largo periodo (entre 10 y 12 años), según confirma a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del mismo grupo que LA OPINIÓN, el director general de la asociación, Fernando Soto.

La patronal —en la que se integran gigantes como ArcelorMittal, Acerinox, Sidenor, Sener, Ferroatlántica o Tubos Reunidos— ha iniciado contactos con patronales del sector energético y con grandes compañías de energías renovables con el objetivo de poner en marcha su propio sistema de subastas renovables al margen de las que organiza el Gobierno y que están reservadas a cualquier consumidor electrointensivo.

La aspiración de las compañías industriales es celebrar la primera puja para comprar electricidad en el primer trimestre de 2022 y sellar acuerdos con instalaciones renovables con una potencia de al menos 2.000 megavatios (MW).

Posteriormente irá convocando subastas sucesivas que se irán intercalando con las que organiza el Ministerio para la Transición Ecológica. AEGE cuenta con el beneplácito del Gobierno para poner en marcha la operación y está negociando con OMIE, el operador del mercado eléctrico español, para que gestione las subastas.

Los planes de las grandes industrias pasan por convocar a productores de eólica y de fotovoltaica para que presenten sus ofertas de venta de electricidad a un precio fijo. Posteriormente, las compañías industriales y las eléctricas sellarían acuerdos bilaterales de compra de energía o PPA (power purchase agreement).

El objetivo de las compañías es que estos acuerdos cuenten con el aval del Estado a través del fondo de garantía para la industria electrointensiva, gestionado por la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE).

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, abogó ayer públicamente a favor de que se extienda en la industria la contratación de suministro eléctrico a precio fijo, y se mostró dispuesta a facilitarlo con garantías o avales del Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas (FERGEI).

La gran industria ya intentó participar directamente como comprador en las subastas de nueva potencia renovable promovidas por el Gobierno. Pero las empresas se encontraron con la negativa del Ministerio para la Transición Ecológica, que quiere reservar estas nuevas pujas (a razón de al menos 3.000 megavatios por ejercicio) exclusivamente para volcar la producción en el sistema eléctrico y así garantizar que una parte de la oferta eléctrica tenga un precio bajo y estable.