Los policías de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que se encargan de investigar el caso Alcoa han revelado en sendos informes, elaborados el 14 de julio y el 24 de septiembre, que los directivos del Grupo Industrial Riesgo que compraron en 2020 las fábricas de aluminio de A Coruña y Avilés (Alu Ibérica) al fondo de inversión suizo Capital Parter, comprador de Alcoa en 2019, se valieron de empresas interpuestas controladas por “testaferros” para llevar a cabo “ventas aparentes” que incluían “sobrecostes” para las factorías de hasta el 600%. Y lo hicieron con la finalidad de saquear los fondos de las empresas que habían adquirido y trasladar este dinero a cuentas bancarias abiertas en otro país, según concluyen los agentes encargados de las pesquisas.
Así se especifica en sendos oficios policiales, a los que ha tenido acceso El Periódico de España, del mismo grupo editorial que LA OPINIÓN, en los que los agentes destacan que el presunto cabecilla de la operación bajo sospecha, el directivo del Grupo Riesgo Víctor Rubén Domenech, junto con otros implicados como Alexandra Camacho Carrascal, llevaron a cabo una serie de actuaciones con la finalidad de sustraer capitales de los centros de producción de aluminio de A Coruña y Avilés, en los que trabajan más de 600 personas y que desde agosto están cerrados de forma temporal.
El informe de la Policía Judicial sostiene que los integrantes de la trama corrupta se sirvieron de una estructura societaria para fingir la existencia de mercantiles con las que llevaron a cabo “negocios ficticios pensados para extraer capitales de las cuentas corrientes de las plantas de producción de aluminio, que además en algunos casos presentan significativos lazos con conductas relacionadas con el blanqueo de los ilícitos que les reportó dicha actividad”.
En esta causa, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, investiga una presunta estafa en la venta de dos fábricas de la multinacional norteamericana, en primera instancia al fondo suizo Parter Capital, al precio simbólico de un dólar, que pocos meses después fueron entregadas al Grupo Industrial Riesgo, por 13 millones de euros.
El oficio policial de 14 de julio pone de manifiesto que los principales responsables de la presunta estafa utilizaron dos metodologías para despatrimonializar las fábricas, que pudieron comprar pese a que no disponían del patrimonio suficiente, ya que las propias factorías que adquirieron les prestaron antes de la operación los mencionados 13 millones que necesitaban para hacerse con su control.
La primera sería la utilización de la empresa Logiplus Worldwide, que según los agentes se encargaría “de subcontratar para ambas plantas el suministro de equipos, materiales o servicios, aplicando unos notables incrementos del precio respecto al del proveedor original, y sin aportar valor añadido alguno”.
FICCIÓN DE NEGOCIOS
La segunda forma en la que los implicados en la presunta estafa lograron vaciar el dinero de las fábricas fue mediante la “ficción íntegra de negocios jurídicos inexistentes en el fondo, simulando la prestación de servicios con el ánimo de disimular la actividad defraudatoria”, prosigue el informe de 14 de julio.
El oficio policial especifica que ese sería el caso de los préstamos otorgados por la empresa que utilizó el Grupo Riesgo para comprar las plantas (System Capital Management SL) a favor de Alu Ibérica LC (A Coruña) y Alu Ibérica AVL (Avilés), que fueron precedidos de transferencias por importes muy similares (prácticamente idénticos) en concepto de “Pago gastos administración” y que les eran devueltos en forma de préstamos”.
Los agentes consideran, además, que hay claros indicios de una facturación “fraudulenta” por parte de System Capital Management SL contra la planta de Alu Ibérica AVL, y que solo puede explicarse en el marco del proceso despatrimonializador […] cuyos únicos beneficiados son los propios investigados”, resalta el informe. Mediante este proceso, la sociedad de los imputados se convertiría en la acreedora de Alu Ibérica LC y Alu Ibérica y AVL, que pasarían a deber 810.300 euros y 622.205 euros, respectivamente a System Capital Manegement, controlada por el Grupo Industrial Riesgo dirigido por Víctor Rubén Domenech.
Todo este dinero era transferido a posiciones financieras de otras mercantiles vinculadas a los investigados “como Lavanda Eco o GAF Franquicias, que tenían como destino cuentas bancarias de un tercer país tituladas por la plataforma de compraventa de criptomonedas Kraken Payward”. Los agentes concluyen que la posible compra de bitcoins podría “responder a la necesidad de ocultar, transformar e integrar de este modo los ilícitos beneficios detraídos de las plantas de producción en lo que pudiéramos considerar maniobras preordenadas al blanqueo de capitales”.
Tal y como avanzó este diario, Logiplus sirvió para extraer más de medio millón de euros de la fábricas para comprar bitcoins a nombre de la sociedad Viña y Sentido, también en la órbita de los investigados. La cantidad asciende a 565.976 euros, que fueron enviados mediante 23 transferencias realizadas entre noviembre de 2020 y marzo de 2021. En marzo, la Policía entró a registrar las fábricas.
La planta de A Coruña pagó cuatro millones en 133 facturas a Logiplus, que despidió a las limpiadoras sin finiquito
La planta de A Coruña sufragó 133 facturas con un coste de casi cuatro millones (3.929.944 euros) a Logiplus, 31 facturas al despacho de abogados Ackerman y Schwartz por 584.811 euros; y 10.497 euros a la Mercantil Droguería Lobos. Entre las dos fábricas abonaron de esta forma alrededor de 9 millones de euros a estas tres firmas de la trama.Logiplus, la que recibió las cuantías más altas, es la filial multiservicio de grupo Riesgo que el pasado diciembre entró en Alu Ibérica como subcontrata del servicio de limpieza. El mes pasado dejó en la calle a la totalidad del personal que subrogó sin ni siquiera pagarle la indemnización pertinente ni las nóminas atrasadas. La carta de despido que recibieron las limpiadoras expone que la empresa no está en disposición de abonar los finiquitos porque carece de liquidez. Aunque el despido colectivo ya se hizo efectivo, la Inspección de Trabajo ha requerido más documentación a Logiplus para determinar si ese proceso fue legal, ante la ausencia de un calendario de negociaciones adecuado y la falta de documentación económica, entre otros requisitos.Lo mismo que sucedía en Agrela, pasaba en San Balandrán. En total la fábrica de Avilés (Alu Ibérica AVL) pagó 164 facturas a Logiplus por 3.963.119 euros —una cantidad casi idéntica a la de Alu Ibérica LC—; 24 facturas a Ackerman y Schwartz por 475.331 euros; y 15 facturas Droguería Lobos por un total de 21.670 euros.
Préstamos de ida y vuelta
La Policía Judicial constata la existencia de un préstamo de 482.000 euros para pagar nóminas, que tuvo un recorrido de ida y vuelta, ya que fue concedido a Alu Ibérica AVL el 15 de diciembre de 2020 por parte de la sociedad de los imputados, que previamente había detraído ese dinero de la propia fábrica de Avilés.Los agentes ponen de manifiesto, en este punto, que la fábrica asturiana tenía en esos momentos un saldo de cuatro millones de euros, “más que suficiente para hacer frente al pago de las nóminas de los empleados, que podrían haberse cubierto mediante un simple traspaso, si la necesidad de recurrir al crédito referido”.
Compra de bitcoins
Los agentes concluyen que la posible compra de bitcoins podría “responder a la necesidad de ocultar, transformar e integrar de este modo los ilícitos beneficios detraídos de las plantas de producción en lo que pudiéramos considerar maniobras preordenadas al blanqueo de capitales”.
