La espiral de subidas de la electricidad está poniendo en apuros a muchas comercializadoras pequeñas y medianas. La desorbitada alza del precio de los últimos meses, que sigue yendo de récord en récord, está provocando tensiones para muchas eléctricas independientes que no cuentan con el respaldo ni el músculo financiero de un gran grupo energético para aguantar el golpe.El Gobierno, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y Red Eléctrica trabajan conjuntamente en la preparación de una reforma legal para aligerar uno de los lastres con los que se están encontrando las pequeñas eléctricas, según confirman a El Periódico de España, diario que pertenece a este grupo, Prensa Ibérica, fuentes conocedoras de los trabajos preparatorios.

Las comercializadoras deben presentar garantías ante OMIE -el operador del mercado eléctrico- y ante Red Eléctrica -el operador del sistema eléctrico- para demostrar que pueden pagar la energía comprada en el mercado eléctrico para suministrarla a sus clientes. Las eléctricas han de aportar garantías de pago que se calculan en función del volumen de energía que suelen necesitar para cubrir la demanda de sus clientes y también en función del precio medio de la electricidad. En el actual contexto de fortísima subida del precio, el importe de las garantías que deben aportar las compañías también se ha disparado, lo que está generando problemas de liquidez en algunas compañías y poniéndolas en riesgo financiero. Gobierno, CNMC y REE analizan activamente fórmulas para rebajar esas cargas que soportan las compañíasEntre las medidas que se analizan está la de acortar los periodos en que Red Eléctrica realiza las liquidaciones -ahora trimestrales- para ajustar la diferencia entre la electricidad que las comercializadoras han comprado en el sistema eléctrico y la que realmente necesitan para suministrar a sus clientes. Reduciendo los plazos, las comercializadoras que cumplen con sus pagos y con las garantías exigidas dispondrían de más liquidez al reducir el importe de los avales.

Del mismo modo, con liquidaciones realizadas con plazos más cortos a los trimestres, las comercializadoras que incumplen con sus obligaciones y pueden acabar cometiendo fraudes podrían ser detectadas más rápidamente y se reduciría así el agujero económico que pueden provocar en el sistema eléctrico.Este mismo mes, el Ministerio para la Transición Ecológica ha ordenado la inhabilitación de dos comercializadoras por incumplir con el sistema de garantías y la CNMC ha abierto expedientes contra siete comercializadoras por el mismo motivo. Además, en los próximos días la CNMC se dispone a incoar expedientes a otras quince comercializadoras más.En paralelo, el Gobierno también está trabajando para impulsar que las comercializadoras eléctricas puedan acceder a líneas de crédito y a avales públicos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para reforzar una liquidez golpeada por la espiral de encarecimiento de la electricidad.